El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) se ha gastado hasta septiembre más del 93% de su presupuesto para pagar prestaciones a los trabajadores de empresas insolventes o en concurso de acreedores. Según datos del Ministerio de Empleo, en los nueve primeros meses del año, el fondo ha consumido 1.166 millones de los 1.250 millones de euros con los que cuenta para abonar salarios e indemnizaciones.
Esos 1.166 millones de euros suponen un incremento del 2,85% respecto al gasto ejecutado en el mismo período de 2011.
Un total de 198.574 trabajadores recibieron prestaciones por parte del Fogasa en los nueve primeros meses del año -un 4,5% más-, en tanto que las empresas afectadas por los expedientes resueltos por el organismo fueron 91.294, un 8% más que hasta septiembre del año pasado.
Menos presupuesto para 2013
Según anunció este jueves la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, en el Congreso, el Fondo venderá una parte de la deuda pública que posee como inversión -unos 205 millones de euros- para hacer frente al gasto en prestaciones en 2013.
En el próximo ejercicio, el presupuesto previsto para el Fogasa es de 843 millones de euros, un 31% menos que este año, ya que -según Hidalgo- las reformas introducidas han reducido los límites de responsabilidad. Los recortes realizados por el Gobierno el pasado mes de julio establecen que el fondo pagará un máximo de cuatro meses de salario -un mes menos de los que se abonaban antes- y con un tope salarial también menor.
Más indemnizaciones que hace un año
Del gasto total efectuado entre enero y septiembre, 383,9 millones de euros correspondieron al pago de salarios, un 2,1% menos que en el mismo período de 2011, mientras que 782,2 millones de euros se dedicaron al abono de indemnizaciones, un 5,4% más.
Hasta septiembre, el Fogasa abonó 443,8 millones de euros en prestaciones derivadas de ejecuciones laborales -un 3,8% menos en en 2011-, en las que se incluyen los salarios e indemnizaciones pendientes de pago motivados por la declaración de insolvencia provisional o definitiva de las empresas.
Por su parte, el organismo dedicó algo más de 464,7 millones a prestaciones derivadas de procedimientos concursales -un 2,3% más que hasta septiembre de 2011- En ese capítulo se incluyen los salarios e indemnizaciones fruto de la suspensión de pagos, quiebra y concurso de empresas, así como procedimientos transnacionales.
Asimismo, destinó 257,5 millones de euros (un 18,1% más) a pagar las indemnizaciones que son de su responsabilidad directa, para las que no se requiere la declaración de insolvencia o concurso de la empresa.
Cataluña fue la comunidad autónoma en la que mayores pagos se efectuaron (274,9 millones de euros), seguida de la Comunidad Valenciana (147,7 millones), Andalucía (136,5 millones), Madrid (119,6 millones) y País Vasco (92,9 millones).
A continuación se situaron Castilla y León (65,8 millones), Galicia (58,6 millones), Castilla-La Mancha (51,6 millones), Aragón (40,5 millones), Murcia (37,7 millones), Canarias (30,5 millones), Asturias (26,2 millones), Navarra (20,09 millones), Baleares (19,4 millones), Cantabria (15,09 millones), Extremadura (14,4 millones) y La Rioja (12,5 millones).