El Gobierno francés ha aprobado unos "Presupuestos de combate", en palabras del primer ministro, Jean-Marc Ayrault, quien ha afirmado al país que el reto es poner coto a la deuda y reducir el déficit al 3 % del PIB en 2013, lo que supone un ajuste de al menos 30.000 millones de euros si el PIB crece al 0,8%, el escenario más optimista.
Para ello, el Ejecutivo socialista ha rubricado los presupuestos más restrictivos de las últimas tres décadas, con incrementos de impuestos y recortes de gastos públicos que ya se califican de históricos, valorados en unos 30.000 millones de euros, en un proyecto de ley que deberá pasar por el filtro del Parlamento.
El Gobierno ha insistido en que las medidas contenidas en el proyecto afectarán sobre todo a los franceses con más ingresos y a las grandes empresas, y que el esfuerzo fiscal que se exige a los ciudadanos afectará nada o casi nada a los que tienen menos ingresos.
Todo ello con el trasfondo de un creciente índice de paro, que en el pasado mes de agosto superó los 3 millones de desempleados, y con las alarmantes consecuencias de la caída de la competitividad comparativa de la industria francesa en relación con la de otros países, como la vecina Alemania.
Más esfuerzo a los que más ganan
Y justo el día en que las estadísticas oficiales confirmaron que el segundo trimestre de este año fue el tercero consecutivo con la economía sin crecer y que la deuda pública alcanza ya el 91 % del producto interior bruto (PIB) y se sitúa en los 1,83 billones de euros.
El proyecto de Presupuestos confirma que el objetivo de crecimiento en 2013 es del 0,8 % del PIB y admite que este año solo se alcanzará el 0,3 %.
Los 30.000 millones de esfuerzo suplementario de ajuste se reparte en tercios de la manera siguiente: 10.000 millones en aumentos de contribuciones fiscales para los hogares, otros 10.000 millones en más impuestos para las empresas o reducción de las ventajas con las que contaban y 10.000 millones más procedentes del recorte del gasto público.
Unos 6.200 millones procederán del incremento de impuestos para los hogares con mayores ingresos; aquí se incluye la creación de un nuevo tramo impositivo del 45 % para las rentas superiores a 150.000 euros y el ya famoso del 75 % para quienes ganen más de un millón (unas dos mil personas en total).
Recuperar el empleo de las pymes
El objetivo del Gobierno es recuperar la progresividad perdida en los últimos años, de manera que paguen más quienes más renta perciben; el diario Les Echos ha destacado que en Francia solo el 6,5 % de los ingresos del Estado proceden del impuesto sobre la renta, muy por debajo del 20 % de media de la Unión Europea (UE).
Los 10.000 millones de ingresos vía impuestos que procedan de las empresas afectarán esencialmente a las grandes, puesto que el Gobierno pretende que las pymes reciban un tratamiento diferenciado que les permitan sostener el empleo.
Medida importante en este ámbito es la modificación de un mecanismo que permitía a los grandes grupos proceder a la venta de filiales sin pagar plusvalías: por este concepto, según el vespertino Le Monde, se recaudarán 2.000 millones de euros en 2013.
En lo que afecta al gasto público, habrá supresiones y recortes en casi todas las partidas, aunque se preservarán las destinadas a la educación, la sanidad, la justicia y los gastos sociales.
Más profesores y sueldos congelados a funcionarios
La educación es ámbito prioritario y el Gobierno pretende contratar a 43.500 nuevos profesores en dos fases, con el objetivo de alcanzar la meta prometida de 60.000 nuevos docentes.
En Interior se prevé crear 480 nuevos puestos de policías y gendarmes y acabar con la no sustitución de los jubilados, lo que significará en la práctica crear varios miles de plazas suplementarias.
En empleo y asuntos sociales las partidas en realidad se incrementan en un 1,7 % y en un 5,1 %, respectivamente.
Por el lado del recorte, el Estado aplicará reducciones en proyectos de infraestructuras -retraso de la conexión ferroviaria de alta velocidad por el corredor atlántico hacia la frontera española- la congelación de los sueldos de la función pública (para cinco millones de empleados) o la venta de embajadas.
En Defensa, el objetivo es el de retrasar parte de los 22.000 millones que estaba previsto gastar en 2013 en nuevas compras (armamento incluido) y en cultura se dejarán de lado proyectos que fueron aprobados durante la presidencia del jefe del Estado anterior, Nicolas Sarkozy, como la Casa de la Historia de Francia.
En total, la administración adelgazará en 12.298 empleos en ministerios "no prioritarios" con el fin de favorecer la creación de otros cerca de 11.000 en la Educación, la Justicia y la Policía.