El exministro de Trabajo, Javier Arenas, ha insinuado en su comparecencia ante la comisión parlamentaria por el caso de los ERE, que el actual presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y su antecesor, Manuel Chaves, conocían las irregularidades en la gestión de ayudas a empresas afectadas por expedientes de regulación de empleo, dado que los informes del exinterventor de la Junta de Andalucía entre 2001 y 2010, Manuel Gómez, llegaron a las "más altas instancias de la Junta".
Arenas ha recordado la comparecenccia del exinterventor, quien aseguró ante la misma comisión que Hacienda e Innovación debieron "tomar medidas" cuando la Intervención General les remitió los informes en los que este órgano detectó "graves" irregularidades. El exministro de Administraciones Públicas en 2002 y 2003, ha considerado ante la comisión parlamentaria que "lo más grave es que esta práctica ni se detiene ni se revisa ante los informes".
El exministro de Administraciones Publicas ha asegurado que "hay un antes y un después" en los trabajos de la comisión parlamentaria sobre el caso de los ERE, tras la comparecencia del exinterventor de la Junta de Andalucía entre 2001 y 2010, Manuel Gómez, que aseguró que Hacienda e Innovación
Arenas ha asegurado que ni ha tenido "competencia alguna ni responsabilidad en los asuntos que ocupan a esta comisión". Por el contrario, ha señalado, "es inaudito que alguien pueda pensar que los dirigentes de PP" tienen que "responder de la gestión de los socialistas en Andalucía" y ha asegurado que "son los responsables del Gobierno los que tienen que explicarse" en relación a las comparecencias previstas, la del actual presidente de la Junta, Jósé Antonio Griñán y de su antecesor en el cargo, Manuel Chaves.
El exministro de Trabajo, Javier Arenas, que ha comparecido ante la comisión parlamentaria sobre los ERE, como exministro de Administraciones Públicas en 2002 y 2003, ha asegurado que ni ha tenido "competencia alguna ni responsabilidad en los asuntos que ocupan a esta comisión". Además, ha explicado que espera que su interveción "sirva para que se conozca la verdad, se recupere la mayor parte de los fondos que se han dilapidado, se demanden responsabilidades y jamás se vuelva a repetir un asunto como éste", y en este sentido ha añadido que se hagan todas las modificaciones legales necesarias que lo permitan.
El representante del grupo popular ha renunciado a intervenir en los dos turnos de preguntas ante Javier Arenas. Precisamente, el PSOE solicitó este miércoles el aplazamiento de la intervención de Griñán y Chaves, que iba a producirse este viernes, con el propósito de introducir nuevas comparecencias, una petición que cuenta con el respaldo del grupo Izquierda Unida y que la comisión parlamentaria tiene previsto debatir esta tarde.
En el mismo sentido que Javier Arenas, el que fue ministro de Trabajo entre 2002 y 2004, Eduardo Zaplana, ha comparecido después asegurando que el proceso de tramitación de las ayudas e los ERE gestionados sigue un "control riguroso" y "cualquiera de los tres ministros de Trabajo" que le sucedieron "podrían haber denunciado irregularidades si las hubieran detectado".
Los exministros de Trabajo, Javier Arenas y Eduardo Zaplana, han defendido este jueves la legalidad de su gestión ante la comisión parlamentaria sobre los presuntos ERE irregualres gestionados por la Junta de Andalucía. Arenas ha señalado que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y su antecesor, Manuel Chaves "son quienes pueden dar respuesta" a las preguntas sobre la investigación.
ERE de la Faja Pirítica
En relación a las ayudas extraordinarias otorgadas por el Gobierno de España en los cinco ERE de empresas de la Faja Pirítica, sobre los que los grupos parlamentarios esperaban que Arenas aportase más datos, ha asegurado a la representante del grupo Izquierda Unida: "Sabe usted más que yo".
Sobre este asunto ha puntualizado Arenas además, que el exministro de Trabajo, el socialista Valeriano Gómez "se conoce el expediente de la A a la Z" y que calificó la actuación del Ministerio, como "estricta y rigurosa", en una intervención en el Congreso de los Diputados.
Por su parte, Eduardo Zaplana, ha coincidido en recordar la misma intervención de Gómez en la que también aseguró que "estos ERE son competencia de la Junta" y ha explicado que cuando llegó al Ministerio ya había un acuerdo que había sido firmado en febrero de 2002.
En un primer momento, preguntado por la representante de Izquierda Unida, Alba Doblas, sobre si se había publicado el acuerdo entre el Gobierno y la Junta de Andalucía para la concesión de las ayudas, Zaplana ha contestado primero que "la concesión de las ayudas no se publica porque no es necesario publicarla", pero más tarde ha especificado que quedó constancia de dicho acuerdo en el diario de sesiones del Congreso de los Diputados, a lo que ha añadido después que "los acuerdos entre partes no se publican, nunca".
Retraso en la tramitación de los expedientes
Javier Arenas, actual vicesecretario nacional del PP para asuntos territoriales, ha explicado que espera que su intervención "sirva para que se conozca la verdad, se recupere la mayor parte de los fondos que se han dilapidado, se demanden responsabilidades y jamás se vuelva a repetir un asunto como éste", y en este sentido ha añadido que se hagan todas las modificaciones legales necesarias que lo permitan.
Preguntado por el grupo socialista sobre los documentos que la comisión parlamentaria ha solicitado en tres ocasiones al Gobierno central sobre el expediente de Faja Pirítica, Arenas ha afirmado rotundamente: "Mi Gobierno sí ha mandado esos documentos".
Por su parte, Zaplana ha reconocido que cuando se gestionaban las ayuda de los ERE de la Franja Pirítica se produjo la pregunta de una parlamentaria para saber por qué se estaba "retrasando tanto" la tramitación de los expedientes de regulación de empleo, a lo que entonces "se responde que algunos no concuerdan" cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) los ha comprobado.
El INSS, ha explicado Zaplana, recibía de los sindicatos los listados con los trabajadores que tenían derecho a recibir las ayudas al trabajar en empresas afectadas por ERE y comprobaba su validez "uno por uno". A una pregunta de IU sobre la posibilidad de que hubiera "intrusos" en la tramitación de los expedientes, ha asegurado que le "parece prácticamente imposible que eso se produzca en la administración general del Estado con los controles que hay".