El exconsejero de Empleo andaluz entre 2004 y 2010 Antonio Fernández ha explicado ante la comisión de investigación que versa sobre el caso de los ERE fraudulentos que el procedimiento de las ayudas era conocido por todos porque las partidas estaban incluidas en los presupuestos generales de la Junta que eran validados cada año por el Parlamento.
Fernández, que está imputado y que salió de prisión hace 14 días tras pagar una fianza de 450.000 euros, ha comparecido este viernes por la tarde después de que lo hiciera por la mañana José Antonio Viera, exconsejero de Empleo entre 200 y 2004, quién negó ser el "ideólogo" del caso.
El exconsejero de Empleo entre 2004 y 2010 ha justificado las ayudas por el contexto de crisis económica que había en la década de los 90. "Como consecuencia de la crisis, muchas empresas requerían de medidas públicas excepcionales para el mantenimiento de la actividad. En ese contexto, toman forma todas estas políticas de ayudas. En definitiva, nacen dichas medidas con el fin de mantener la actividad económica en la región", ha insistido.
En este sentido, ha asegurado que las ayudas que ahora se investigan estaban dentro del convenio marco que firmaron la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) en 2001, años antes de que llegara él al cargo de consejero , pero cuando era presidente del IFA.
Según Fernández, las partidas dedicadas a las ayudas estaban "incluidas" en los presupuestos generales anuales de la Junta y se tramitaron con los mismos controles "o más" que tenían otros procedimientos similares.
Asimismo, el exconsejero de Empleo ha recordado que el Parlamento no solo no cuestionó las ayudas, sino que algunos grupos pidieron más dinero para otras empresas.
Traslada la responsabilidad a Guerrero
Durante el turno de preguntas de los parlamentarios de la comisión, Fernández ha afirmado que sus manos "están muy limpias" y ha apuntado como responsable al entonces director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero. "Los expedientes de regulación de empleo no los resuelven los consejeros, sino los directores generales", ha advertido.
Además, el compareciente ha señalado que en el tiempo en el que fue consejero, nunca recibió "reprobación por el procedimiento ni del Parlamento ni de los grupos políticos ni de la intervención".
Tras su turno de palabra, en el que ha leído un largo comunicado, Fernández ha solicitado ausentarse de la sala durante el turno de preguntas de los parlamentarios por considerar que escuchar dichas preguntas, como habían hecho otros comparecientes anteriores, "dañaba su derecho al honor", pero la petición ha sido desestimada por el presidente de la comisión.
Preguntado sobre si tuvo derecho a una prejubilación en González-Byass, empresa en la que trabajó Fernández y que recibió ayudas de la Junta, el exconsejero ha explicado que desde los años setenta estaba de excedencia y que aunque reunía todas las condiciones para recibirlas, no firmó el boletín de adhesión por "ética política".
También Fernández ha señalado que fue el primero en denunciar la situación de Mercasevilla, el que ordenó investigaciones en la Consejería de Empleo y quien decidió que no se abonasen algunas ayudas.
La juez imputa a Antonio Fernández seis delitos: negociación prohibida a funcionario, malversación de fondos públicos, fraude en subvenciones y prevaricación, y los delitos simples de cohecho y falsedad en documento.