La Duma (cámara baja del Parlamento ruso) ha aprobado en una primera lectura este viernes y con una abrumadora mayoría un controvertido proyecto de ley que califica de de "agentes extranjeros" aquellas ONG que reciban financiación de otros Estados o sus instituciones, organizaciones foráneas o internacionales, o ciudadanos de otros países.
El texto, presentado hace una semana por el partido gobernante Rusia Unida, ha sido aprobado con 323 votos a favor, 4 en contra y una abstención.
La ley considerará políticamente activas a "las ONG que independientemente de sus fines declarados financien u organicen acciones políticas que persigan influir en la toma de decisiones de instituciones estatales" y participen en la formación de la opinión pública con dicho objetivo.
Según la oposición, la norma es otro intento de asfixiar la labor de las organizaciones no adeptas al régimen, informa el corresponsal de TVE en Moscú, Carlos Franganillo. Entre ellas, por ejemplo, la ONG Golash, que se dedica al seguimiento electoral y que tiene financiación de EE.UU. y de la Comisión Europea. En los últimos comicios parlamentarios registró más de 8.000 irregularidades.
Leyes para asfixiar a la oposición
Los llamados "agentes extranjeros" serán inscritos en un registro creado a tal fin, una auténtica lista negra, tras lo cual deberán rendir cuentas a través de una auditoría contable anual e informes semestrales sobre su actividad.
Una vez aprobada la normativa, las propias ONG que reciban financiación del exterior deberán inscribirse en la "lista negra" en el plazo de 90 días tras su entrada en vigor bajo la amenaza de multas y de que su actividad sea paralizada hasta seis meses en caso de no hacerlo.
"Además, los medios de comunicación y digitales que publiquen su información deberán indicar que la fuente es una ONG que cumple las funciones de un agente internacional", explica el partido del Kremlin.
El propio Putin ha acusado a Estados Unidos de instigar las protestas antigubernamentales que han recorrido Moscú y otras ciudades rusas para exigir la anulación de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2011, tachadas de fraudulentas por la oposición y los observadores internacionales.
Varios cargos del Kremlin y del Gobierno ruso, por otra parte, han acusado a las ONG de defender intereses extranjeros al apoyar estos mítines.
Esta es la segunda ley que afecta a círculos contrarios al Kremlin después de que se incrementaran las multas para quienes participen en manifestaciones no autorizadas.