La Fiscalía del Tribunal Supremo se opone a la admisión de la querellade la asociación Preeminencia del Derecho contra el presidente de este órgano y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, por los gastos de la veintena de viajes que realizó a Marbella (Málaga) y dice que no ve delito porque pagó parte de sus viajes y la normativa no le obligaba a justificarlos.
El escrito presentado este viernes ante la Sala de lo Penal de este órgano señala que los hechos comprendidos en la querella no constituyen delito, que en todo caso sería de malversación. Llega a afirmar que Dívar fue acomodándose "caso por caso, viaje por viaje, a las exigencias derivadas de las funciones que le correspondía desempeñar".
El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín-Casallo, que es el mismo que archivó las diligencias informativas abiertas por el Ministerio Público, señala que en este caso no cabe estafa, sino malversación de caudales públicos (art. 432 del Código Penal), una conducta que requiere ánimo de lucro para ser delictiva.
Además, el teniente fiscal resalta que en el caso de autoridades como Dívar que son de "jerarquía máxima", y a diferencia de lo que ocurre con los funcionarios, existen unos "límites más imprecisos, más borrosos, en los que a veces resulta muy difícil de separar o de delimitar la actividad pública de la privada a efectos de establecer cuándo debe darse por terminada una para entender comenzada la siguiente".
No se exigía justificación
Martín-Casallo recuerda las conclusiones a las que llegó en el anterior archivo, donde agrupó los 20 viajes a los que se refiere la querella en tres grupos: los que no generaron gastos al Consejo; los que en parte fueron pagados por el Consejo y en parte por el querellado, como consecuencia de coincidir una parte pública con una parte privada del viaje; y los que fueron abonados en su totalidad con cargo a fondos públicos por corresponder a actividades oficiales.
A este respecto, el Ministerio Público señala que la normativa adoptada por el Consejo en 1996 no puede jugar en contra del querellado, es decir "si no existe una norma establecida y un uso perfectamente reglado en cuanto a la justificación de gastos, y si existe, por el contrario, un silencio de la Intervención en todos los supuestos, no puede exigírsele 'a posteriori' que justifique el motivo del viaje".
Para el fiscal, el procedimiento debería ser el contrario, que se establezca un procedimiento en el que taxativamente se fijen las causas y los supuestos de justificación de gastos y se aplique con posterioridad el tipo penal correspondiente.
El PSOE pide rectificacion a la Mesa del Congreso
Por su parte, el PSOE ha presentado un escrito ante la Mesa del Congreso para que rectifique su decisión de impedir a Dívar informar de sus viajes a Marbella en el cual recuerda que él mismo manifestó al Parlamento su disposición a comparecer siempre.
Además, los socialistas apuntan al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, como posible inspirador del criterio sobre la separación de poderes utilizado por la Mesa para justificar su negativa, ya que hizo unas declaraciones públicas en este sentido antes de que se pronunciara el órgano de gobierno de la Cámara.
El grupo socialista ha acompañado su documento de otro dirigido al presidente de la Cámara, Jesús Posada, para pedirle que antes de que la Mesa analice la reconsideración, la someta a audiencia en la Junta de Portavoces, donde están representados todos los grupos parlamentarios.
La Mesa decidió el martes pasado, por seis votos en contra (del PP y CiU) y tres a favor (del PSOE) desestimar el requerimiento del grupo socialista y de la Izquierda Plural para que Dívar acudiera a la Cámara Baja para explicar sus polémicos viajes a Marbella.
IU pide por cuarta vez explicaciones a Dívar
También IU ha insistido en que Dívar comparezca en el Congreso y el diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha pedido por cuarta vez a la Mesa del Congreso que permita su comparecencia, ahora para presentar la Memoria de la institución, tras la polémica por sus viajes a Marbella.
En su nueva petición, Llamazares reclama la presencia de Dívar "al objeto de detallar los contenidos de la Memoria de 2011 del CGPJ, relativos a la Presidencia (páginas 19-27), actividades de acuerdo con el Artículo 109.2 de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial".
Con ésta son ya cuatro las solicitudes del portavoz de la Izquierda Plural en la Comisión de Justicia, la primera de las cuales fue rechazada con los votos de PP, PSOE y CiU porque la investigación de la veintena de viajes a Marbella de Dívar con cargo al CGPJ estaba "sub iudice".