Los cinco sindicatos de la enseñanza CCOO, ANPE, CSIF, STES y UGT han convocado una jornada de huelga del sistema educativo para el próximo 22 de mayo en protesta por los recortes acometidos por el Gobierno y en defensa de la enseñanza pública.
En una nota de prensa han explicado que las medidas adoptadas por el Ejecutivo central y las comunidades autónomas "se traducirán en un recorte de los presupuestos educativos de entre el 25 y el 30%", tal y como se reconoce "sin ningún género de dudas" en el Programa Nacional de reformas.
Este "brutal" recorte se suma al sufrido en los últimos años por el sector de la enseñanza, lo que supondrá un "retroceso histórico", han asegurado los sindicatos.
En la nota se recuerda que, según la reforma del Gobierno, las aulas "volverán a masificarse" con grupos de hasta 30 alumnos en Educación Infantil y Primaria; hasta 36 en Secundaria y hasta 42 (ampliables a 46) en Bachillerato.
Además, no se cubrirán las ausencias del profesorado durante las dos primeras semanas de baja laboral, "lo que generará muchos problemas organizativos y de convivencia en los centros" y constituirá "un castigo para el alumnado".
Han añadido que el abandono de determinados programas de apoyo a la Educación Infantil y de nuevas tecnologías y la no implantación de los ciclos de Formación Profesional actualizados supone un "retroceso" en la calidad del sistema educativo.
También han calificado de "extremadamente grave" el "deterioro" de las condiciones laborales del profesorado.
El deterioro de las condiciones laborales del profesorado
En este sentido, han añadido que a los recortes retributivos de más del 6% aplicados desde junio de 2010, ahora se suman medidas como el incremento del horario lectivo, la desaparición de las reducciones del horario lectivo para el profesorado mayor de 55 años o nuevos recortes salariales en caso de baja por enfermedad.
Además, han criticado la congelación de las ofertas de empleo público, la desaparición de las condiciones de la jubilación anticipada, la transformación de nombramientos a tiempo completo a tiempo parcial, o el cese del personal interino a 30 de junio con el fin de no abonar los periodos de vacaciones.
"Todo ello se materializará en una reducción de la plantilla docente de proporciones incalculables, que repercutirá gravemente en la calidad y equidad de la enseñanza", han asegurado.
Respecto a la universidad, los sindicatos han calculado que el recorte asciende a un 62,5 % y han recordado que los contratos de ciencia se han reducido un 43 %; la I+D+i, un 25,52 %; las becas y ayudas al estudio un 11,6 % y los programas Erasmus un 41,4 %.
Por ello, han subrayado, rechazan el incremento de las tasas universitarias, "la universidad de élite" y el modelo de becas.
Esta política educativa, han asegurado, condenará al desempleo a las promociones de jóvenes universitarios recién titulados.
Wert cree la huelga "un intento grosero" de engañar
Por su parte, el ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, ha rechazado la justificación de la huelga en un supuesto recorte del 25 ó 30% en el gasto educativo, porque a su juicio supone un "intento grosero y falaz" de engañar a la población.
En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Senado, Wert quiso distinguir entre el derecho constitucional a la huelga, que dijo que respeta, y las motivaciones alegadas para convocar ésta del sector educativo, que no respeta.
Según aseguró, los motivos esgrimidos por los sindicatos CCOO, ANPE, CSIF, STES y UGT "no se corresponden con la realidad" y esconden "un intento deliberado e irresponsable de engañar a la opinión pública" y de "introducir la mentira en la convivencia política".
El ministro argumentó que el decreto para la racionalización del gasto educativo y la flexibilización del margen de gestión del sector que se concede a las comunidades autónomas no establece un recorte del 25-30%, como alegan los sindicatos, sino del 14% respecto al presupuesto ejecutado en 2011.
A ello añadió la circunstancia de que el Estado gestiona sólo el 0,6% del total de la inversión en una competencia que está en manos de las comunidades, por lo que ese descenso del 14% apenas tendría ningún impacto.