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El exgerente de la cooperativa de L'Aldea retiró 160.000 euros días antes de la quiebra

  • La junta rectora de la entidad presentará una querella criminal contra él

  • Esta noche se ha celebrado una asamblea informativa ante los impositores

  • Daniel Ferré asegura que esta asamblea pretende "criminalizar" su persona

EFE
5 min.

El exgerente de la cooperativa de L'Aldea, Daniel Ferré, retiró 160.000 euros de la sección de crédito días antes de la quiebra y, por ello, la junta rectora de la entidad presentará una querella criminal contra él.

Ferré retiró 160.000 euros de la sección de crédito y los traspasó a una libreta suya días antes de la quiebra de la entidad, según revelan la auditoría y el plan de viabilidad que han elaborado una consultoría especializada de Lleida para la sección de crédito y que se han presentado esta noche en una asamblea informativa de unas tres horas de duración.

Ante unos 300 impositores, los consultores han desgranado, una por una, las supuestas fechorías de Ferré, entre las que se encuentran la ocultación de pérdidas entre los años 2010 y 2011 e inversiones "injustificables" en equipos informáticos, placas solares y fincas que se habrían "inflado" para percibir "subvenciones superiores no merecidas".

Asimismo, Ferré también contrató a su esposa como trabajadora de la cooperativa sin que ésta acudiera a trabajar "durante unos meses", según detalla el consultor coautor del informe, Josep Anton Arnó.

Por su parte, el exgerente de la cooperativa, Daniel Ferré, asegura que esta asamblea solo se ha convocado con el propósito de "criminalizar" su persona y que será él mismo quien éste jueves explique en otra asamblea "toda la verdad" y "lo que no se ha dicho todavía" sobre la quiebra de la sección de crédito.

El exgerente, que ha pedido asesoramiento a un gabinete de abogados de Barcelona, reafirma que presentará una querella "por injurias y calumnias" contra el portavoz de los afectados, Ramón Carles, y ha demandado a la sección de crédito por despido improcedente y reclama, al mismo tiempo, su readmisión como trabajador de la entidad.

Querella criminal

La junta rectora de la cooperativa ha decidido presentar una querella criminal contra Ferré y contra el auditor que certificó las cuentas del 2010 ya que "como mínimo, estaban mal hechas" y la auditoría "ocultaría 500.000 euros de pérdidas", según los asesores de la cooperativa, que han dado a entender una complicidad entre el exgerente y el auditor, de quien no se ha revelado la identidad.

"Los hechos que presumiblemente son indicio de delito son la ocultación de hechos al Consejo rector; la apropiación indebida" ya que "haciendo uso de su amplísimo poder el gerente dispuso de 160.000 euros que estaban a disposición de la cooperativa" y, en tercer lugar, "manipulación de la contabilidad", según ha detallado el abogado y coautor del informe Miquel Àngel Alonso.

El informe de viabilidad recomienda en primer lugar presentar concurso de acreedores -ahora está presentado el preconcurso- y, después, votar en la asamblea prevista para el día 30 entre vender la cooperativa, administrarla entre los propios impositores o liquidarla judicialmente.

En el caso de que la cooperativa sea vendida, el informe prevé una recuperación de los ahorros en un periodo corto, pero solamente la mitad de ellos: "El comprador haría su negocio y los impositores recuperarían una parte de sus ahorros con una quita del 50%", según calcula Arnó.

Si los impositores "ejercen de administradores de la cooperativa con un compromiso claro" podrían acceder al capital generado, con lo cual el informe calcula que la totalidad de los ahorros se podrían recuperar en 5 años.

En el caso de que la cooperativa continúe su actividad sin un liderazgo de los impositores convertidos en cooperativistas, la recuperación de los ahorros sería más lenta -"de unos 10 años", según el informe-.

En cualquiera de los dos casos, "la junta rectora debe ser relevada y hay que buscar un liderazgo firme" con una nueva gerencia.

La última de las opciones, y menos deseable, sería la liquidación judicial de la entidad. "Sería la última opción. Los impositores cobrarían tarde y poco", admite el informe, que detalla que solo recuperarían entre el 20 o el 30% de sus ahorros, según Arnó.

Los ahorros tardarán años en ser recuperados

En cualquier caso, el escenario más optimista no prevé recuperar los 4,75 millones bloqueados antes del 2020, en caso de que la cooperativa continúe su actividad; y en un escenario más pesimista, los últimos ahorros se devolverían a sus impositores en el 2039, según la estimación del informe.

La cooperativa tuvo entre 2010 y 2011 unas pérdidas de 1,5 millones pero, aún así, los asesores de la entidad consideran que ésta es viable, aunque para sacarla adelante el plan de viabilidad recomienda que la cooperativa se deshaga de "negocios periféricos", como la agrotienda o las placas solares, y centrar el negocio en la variedades de hortaliza más rentables, como las coliflores y las escarolas.

Además, el informe aconseja la ampliación de las fincas que producen para la entidad en 100 hectáreas, lo que "no tendría que ser difícil", asegura el consultor Arnó, pues "bastaría con encontrar 5 agricultores que aportasen 20 hectáreas cada uno".

Con todo esto la cooperativa podría tener, según el plan, unas ganancias anuales de unos 400.000 euros, lo que permitiría ir liquidando los 2,5 millones en créditos a la banca y los 1,8 que hay en la propia sección de crédito.

Según el Departamento de Economía de la Generalitat, todavía quedan pendientes de retorno los ahorros de 321 socios, en 406 cuentas: 249 cuentas a la vista, por un total de 628.425 euros, y 157 en depósitos a plazo, por 4,13 millones.

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