La Comisión Europea (CE) decidió remitir al Tribunal de Justicia de la UE el tratado comercial internacional contra las falsificaciones (ACTA, en sus siglas en inglés) para que se pronuncie sobre su legalidad, tras las críticas vertidas hacia el texto por sectores que creen que afectará a las libertad de internet y de expresión.
Año 2007
Se iniciaron las discusiones sobre un tratado para reforzar la protección de la propiedad intelectual en diversos ámbitos, desde la moda hasta la industria, con la novedad de que incluye, por primera vez en este tipo de pactos internacionales, un capítulo exclusivamente dedicado al medio digital.
Las partes que han negociado el acuerdo son la UE y sus 27 Estados, Estados Unidos, Canadá, México, Suiza, Marruecos, Japón, Corea del Sur,
Singapur, Australia y Nueva Zelanda (juntos representan la mitad del mercado mundial).
Año 2008
Las negociaciones formales comenzaron en junio de 2008 y contaron con funcionarios de la Comisión Europea -institución que negocia este tipo de
tratados en nombre del conjunto de la UE-, del país que ocupase en ese momento la presidencia de turno de la Unión y de otros Estados miembros que
desearon estar presentes (nunca los 27 a la vez).
En total, hubo once rondas de negociaciones: en Ginebra en junio de 2008, Washington en julio de 2008, Tokio en octubre de 2008, París en diciembre de 2008, Rabat en julio de 2009, Seúl en noviembre de 2009, Guadalajara (México) en enero de 2010, Wellington en abril de 2010, Lucerna (Suiza) en junio de 2010, Washington en agosto de 2010 y Tokio en septiembre de 2010.
El Parlamento Europeo y sectores de la sociedad civil han insistido en que el acuerdo se negoció sin tenerlos en cuenta. La CE, en cambio, ha hecho hincapié en que, durante la negociación, entregó a la Eurocámara siete borradores del texto, tres informes sobre el resultado de las reuniones y hasta 14 notas internas.
El comisario de Comercio, Karel de Gucht, además, participó en tres plenos en los que se abordó ACTA, seis reuniones de comisiones parlamentarias y cuatro reuniones para informar sobre las conversaciones. Asimismo, la Comisión organizó cuatro encuentros con representantes de la sociedad civil entre 2008 y 2011.
Año 2010
Las negociaciones se cerraron el 15 de noviembre de 2010 con la conclusión por parte de la CE de que el acuerdo se ajusta a las leyes europeas y no supondrá cambios dentro de la UE.
En todo caso, señala la institución, armoniza y establece nuevos estándares mínimos a los que tendrán que adaptarse terceros países.
Año 2012
El 26 de enero, 22 de los 27 Estados miembros de la UE firmaron el tratado en Tokio. El comisario de Comercio anunció que pedirá que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie sobre la legalidad del acuerdo.
Actualmente, el texto se encuentra en proceso de ratificación parlamentaria en cada país y a nivel de la Unión Europea, de forma paralela.
Es necesario que los países, a título individual, den su opinión sobre el texto dado que contiene disposiciones de ejecución penal, un área que se considera "compartida" entre la UE y sus Estados miembros.
Para que el tratado entre en vigor, lo tienen que haber ratificado, al menos, seis países. Los países de la UE sólo podrán aplicar el acuerdo si es aceptado unánimemente (ha sido negociado a nivel comunitario). En ningún caso podrá aplicarse en unos Estados miembros sí y en otros no.
Una vez respaldado el tratado por el Parlamento Europeo y en los parlamentos nacionales, el Consejo de Ministros de la UE deberá adoptar una decisión final sobre el mismo para completar su aprobación. Se notificará entonces a los otros países firmantes de ACTA, para que el acuerdo pueda entrar en vigor en los Veintisiete.