Hay leyes, y leyes; acusados, y acusados. Y hay fechas, y fechas. Menos de 24 horas después de una sonora protesta contra proyectos deley sobre copyright en los EE.UU., el FBI detiene con gran fanfarria a cuatro personas y organiza una redada por medio planeta.
La acusación, ‘piratería’ de propiedad intelectual. El alcance, mundial. Resulta difícil juzgar las leyes de otros países y su ejecución. Pero lo que está claro es que, aparte de los detalles técnicos de la acusación y los acusados, el que será conocido como ‘caso Megaupload’ despierta toda una serie de cuestiones, incluso en un primer y somero análisis. Cuestiones interesantes, inquietantes, y llamativas. Cuestiones que pueden resultar, a largo plazo, vitales para la Red. Algunas de ellas están aquí.
Una cuestión internacional
Lo primero que llama la atención es que ninguno de los acusados es estadounidense o reside en este país; se trata de nacionales y/o residentes de Hong Kong, Nueva Zelanda, Alemania, Eslovaquia, Turquía, Estonia y Holanda. Cuatro de ellos han sido detenidos en Auckland (Nueva Zelanda) a petición de las autoridades estadounidenses, mientras que otros tres se encuentran en paradero desconocido.
En la operación han participado varias agencias policiales estadounidenses (FBI, Aduanas del departamento de seguridad interna), neozelandesas (policía, agencia de crimen financiero y organizado, oficina legal de la Corona, fiscal general), de Hong Kong (aduanas, ministerio de justicia), del Reino Unido (policía metropolitana), de Canadá (policía montada, unidad de crimen tecnológico y unidad de asistencia internacional del ministerio de justicia), de Holanda (policía y fiscal de grandes fraudes y crimen medioambiental de Rotterdam) y de Alemania (policía federal y fiscalías). Además de departamentos gubernamentales del Reino Unido, Australia y Filipinas.
Según el FBI Megaupload tenía servidores en EE UU (Virginia, Washington DC), Holanda y Canadá. Se trata por tanto de una redada mundial con predominio, eso sí, de los países del ámbito angloparlante (EE UU, Reino Unido, Nueva Zelanda, Canadá, Hong Kong), que comparten bases legales.
Los 150 millones de usuarios de los servicios de Megaupload y sus páginas anexas, en cambio, son de todo el planeta. Esto le da al caso una dimensión internacional evidente: el estado de Virginia, y el FBI a petición suya, está aplicando al planeta entero sus leyes locales, lo cual puede tener todo tipo de repercusiones.
El abogado español Carlos Sánchez Almeida ya ha llamado la atención sobre una colisión legal en curso: para investigar las acusaciones, el FBI ha obtenido y deberá analizar las cuentas personales de esos 150 millones de usuarios de todo el mundo, que contienen datos personales que están protegidos (por ejemplo) por la legislación europea.
Una cuestión de ley
Las acusaciones concretas que hace el FBI contra Megaupload son graves, según la legislación estadounidense. Si los fiscales de Virginia pueden demostrar, por ejemplo, que Megaupload no eliminó de sus servidores materiales protegidos por copyright tras ser apercibido de su existencia en tiempo y forma esto violaría la draconiana Digital Millenium Copyright (ley del Milenio para la protección del copyright digital).
Esta ley estipula que quien albergue contenidos propiedad de otros y sea avisado de ello tiene la obligación de retirarlos tras ser apercibido de su existencia. No hacerlo conlleva graves penas de cárcel; exageradas, según algunos (más graves que un robo a mano armada, a veces).
La alternativa, deseada por la industria del copyright, sería hacer responsables a los servicios de albergue de los contenidos que se alojan allí, lo que los obligaría a revisarlos antes de colgarlos, haciendo imposible su existencia: YouTube, sin ir más lejos, recibe más de 48 horas de vídeo por minuto. Esto supondría que harían falta 3.000 personas dedicadas permanente y exclusivamente a ver y aprobar o rechazar cada vídeo. Esto haría económicamente inviable a la empresa.
Pero las acusaciones son todavía más graves, ya que el FBI ha tirado de algunas de las más temibles piezas del arsenal legal estadounidense, como son las leyes contra el crimen organizado y contra el blanqueo de dinero. Estas leyes permiten construir casos contra individuos o grupos basados en la asociación de delitos menores, que empaquetados constituyen un delito mucho más sustancial, y por tanto con una pena mucho más importante.
Es significativo que entre los departamentos encargados de la acusación se encuentren no sólo la fiscalía de Virginia Oriental y la Sección de Propiedad Intelectual y Crimen Informático del Departamento de Justicia; también han participado las secciones de Crimen Organizado y Bandas, además de las de Confiscación de Activos, Blanqueo de Capital, y Asuntos Internacionales. Los fiscales y el FBI han preparado su artillería más pesada contra Megaupload, lo cual no augura nada bueno para sus propietarios.
Una cuestión de ¿venganza?
Megaupload ha sido un vehemente y muy sonoro oponente de las nuevas leyes de protección de la ‘propiedad’ intelectual como SOPA y PIPA. De hecho, y en el contexto de sus campañas de oposición, el pasado diciembre entró en una batalla legal a punta de navaja con Universal Music, una de las principales discográficas de los EE UU y defensora a muerte de nuevas y draconianas leyes de ‘copyright’.
El pasado 13 de diciembre de 2011 Megaupload lanzó una campaña de promoción en la que varios cantantes y artistas defendían sus servicios en un vídeo publicado en YouTube (Kim Kardashian, Will.i.am, Alicia Keys, Jamie Foxx, Brett Ratner). Universal Music presentó una petición de bloqueo del vídeo según la
legislación estadounidense (la DMCA) alegando que violaba sus copyrights. Megaupload, por su parte, demandó a Universal por abusar de los mecanismos de protección de la ‘propiedad’ intelectual, cuando la discográfica no pudo sustentar sus acusaciones.
El vídeo pronto estuvo de nuevo en YouTube sin que Universal hiciese declaraciones al respecto. El incidente demostró la alegría con la que los poseedores de copyrights tienden a solicitar la eliminación de contenidos, incluso cuando no son suyos, y el perjuicio que estos mecanismos tan laxos pueden causar a terceras empresas. Además de dejar públicamente en ridículo a Universal.
Una cuestión política
Es sabido que las investigaciones policiales complejas pueden llevar meses e incluso años, sobre todo cuando (como es el caso) implican coordinación internacional, delitos societarios y crímenes electrónicos que pueden haberse cometido en múltiples jurisdicciones.
Es posible, por tanto, que la fecha de la operación contra Megaupload sea una mera casualidad, una simple coincidencia derivada de la dificultad de coordinar diversos aparatos policiales y judiciales. Las casualidades existen.
Pero el hecho de que la acción policial contra Megaupload se haya producido justo el día después del éxito de una protesta multitudinaria de empresas, organizaciones y particulares en contra de la propuesta de endurecer drásticamente la legislación estadounidense contra delitos muy similares a los que presuntamente cometía esta página hace difícil creer que se trate de una mera coincidencia.
La protesta del día 18 de enero consiguió su propósito de visualizar el amplio rechazo de casi toda la comunidad internauta estadounidense y mundial a las leyes propuestas. Y según las primeras impresiones y análisis habría conseguido también hacer tropezar el impulso que las nuevas proposiciones de ley habían alcanzado en el Congreso y el Senado de los Estados Unidos. El gobierno de Barack Obama dejó claro que no estaba satisfecho con las versiones presentadas en las cámaras legislativas, y tras la protesta se percibió un claro cambio de opinión entre no pocos legisladores.
Quizá sorprendidos por la virulencia de la oposición, por la súbita aparición de una protesta popular antes invisible, por el repentino activismo de las empresas de Internet o por la promesa de un cierto daño electoral, el caso es que muchos congresistas y senadores hicieron declaraciones públicas replanteándose su anterior apoyo a SOPA y PIPA.
La aparición en este panorama de un claro caso de ‘piratería’ al viejo estilo, con detenciones internacionales y triunfantes proclamas de cierre de una actividad ilegal que habría causado muchos millones de dólares de daños a una industria quintaesencialmente estadounidense (y muy estratégica) no podría haber estado mejor diseñada para intentar revertir este efecto.
El ‘caso Megaupload’, en la práctica y sin prejuzgar su éxito ante los tribunales, anula en buena parte la protesta del ‘Cierre de Internet’ del 18 de enero. Y constituye, por tanto, un claro triunfo de los defensores de SOPA y PIPA, especialmente si tenemos en cuenta que un eventual sobreseimiento o ligera condena sería usado por los partidarios de las leyes más extremas como una demostración de su necesidad.