El Tribunal Supremo ha rechazado algunas de las cuestiones previas presentadas por el abogado del juez Baltasar Garzón en el juicio que se celebra contra él este martes por los presuntos delitos de prevaricación y violación de las garantías constitucionales por ordenar grabar las conversaciones que mantuvieron en prisión varios imputados del "caso Gürtel" con sus abogados y por el que le piden entre 10 y 17 años de inhabilitación. Tras esta decisión, se procederá a interrogar al juez Garzón a partir de las 17.00 horas.
La Sala ha ordenado que el juicio se reanude con el interrogatorio de Garzón tras un receso para la comida, una decisión que han comunicado después de otro parón de alrededor de una hora para estudiar las cuestiones previas.
Así, el Supremo ha rechazado la petición del abogado de Garzón, Francisco Baena Bocanegra, de volver a reclamar la recusación de los magistrados Luciano Varela y Manuel Marchena, que le fueron denegadas después de sí haber logrado apartar a otros cinco magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Juan Saavedra, Julián Sánchez Melgar, Perfecto Andrés Ibáñez, José Manuel Soriano y José Manuel Maza. Según el tribunal, estas recusaciones ya fueron "resueltas".
La defensa de Garzón entendía que Varela está "contaminado" por haber participado en la instrucción de la causa, igual que los cinco magistrados que fueron apartados, mientras que desconfía de Marchena por ser el instructor de la causa por los cobros de la universidad estadounidense.
La Sala también ha rechazado algunas pruebas solicitadas por Baena Bocanegra, y que ya se le habían denegado -como la del juez Antonio Pedreira, instructor del caso tras Garzón-, pero sí ha aceptado la testifical de un funcionario del Juzgado de Garzón, quien avisó a uno de los letrados de que las conversaciones se estaba grabando. Este testigo deberá comparecer mañana miércoles.
También ha denegado que se contemple la posibilidad de que la Sala especial del 61 se convierta en una segunda instancia y estudiara un posible recurso de apelación en caso de condena. En este último sentido, el presidente del tribunal, Joaquín Jiménez, ha señalado que esa no es una facultad del tribunal, sino que le correspondería al poder legislativo el modificar esta "previsión legal" que contempla que un juez sea aforado, al igual que determinados cargos públicos.
Además, ha aceptado que se escuchen en parte en el juicio alguna de las grabaciones de las conversaciones de los abogados y acusados de Gürtel, origen de la acusación contra Garzón. Han acordado que esta audición se realice a puerta cerrada y sin asistencia de público y no se reproducirán "las cintas excluidas por el propio instructor por afectar al derecho a la defensa".
A las peticiones de la defensa de Garzón se habían negado las acusaciones, que han coincidido en rechazarlas alegando que persiguen "dilatar el procedimiento" y al considerar "innecesarias" las pruebas, además de considerar "sorprendente" que quiera tener una segunda instancia de apelación, lo que sería un "trato desigual".
Por su parte, la Fiscalía también se ha opuesto a las peticiones del abogado de Garzón y ha considerado "difícil" que la Sala 61se trasnforme en "órgano enjuiciador".
En el banquillo y con toga
El magistrado, que ha entrado en la sala arropado por aplausos, está sentado junto a su abogado y ataviado con su toga de juez. Antes de arrancar la vista, los fotógrafos y cámaras acreditados han tomado imágenes durante varios minutos.
El juez ha llegado al Tribunal Supremo alrededor de las 10.13 horas, acompañado por su abogado, y no ha querido hacer declaraciones a su entrada al tribunal, aunque ha sonreído ante los periodistas congregados y al escuchar los aplausos y gritos de ánimo de los simpatizantes concentrados a las puertas del TS.
La causa por las escuchas telefónicas se abrió a raíz de la querella presentada en 2009 por Ignacio Peláez, abogado de uno de los imputados en el "caso Gürtel" -el empresario José Luis Ulibarri-, que solicita 10 años de inhabilitación para el juez, frente a los 17 que pide el considerado cerebro de la trama, Francisco Correa, y los 15 que solicita su número dos, Pablo Crespo. A estas tres acusaciones deberán hacer frente el juez y su abogado, Francisco Baena Bocanegra.
La Fiscalía no acusa y reclama la absolución de Garzón, suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional desde mayo de 2010, al considerar que no cometió los delitos que se le imputan.
Entre el miércoles y el jueves declararán los seis testigos citados en el juicio: el propio Peláez así como los dos agentes que realizaron las intervenciones de las comunicaciones y otros tres policías de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).
Apoyos a Garzón
Desde antes de las 10.00 están concentrados frente a las puertas del Supremo los defensores del juez, convocados por la plataforma "Solidarios con Garzón", que agrupa a organizaciones para la recuperación de la Memoria Histórica, artistas e intelectuales, para denunciar la "persecución política" al juez.
Los simpatizantes, encabezados por la actriz Pilar Bardem y el diputado de IU Gaspar Llamazares, exhiben pancartas con mensajes como: "España al revés. Corruptos y fascistas juzgan al juez", "Contra la inmunidad, solidaridad con las víctimas del franquismo", "tapan sus delitos echando a Garzón" o "acallan al juez; mañana a ti".
A Garzón le acompañan en la sala como público varios magistrados compañeros suyos de la Audiencia Nacional, como Fernando Andreu, Santiago Pedraz y Clara Bayarri, Javier Martínez Lázaro, Ramón Sáez Valcárcel y José Ricardo de Prada.
Este primer juicio al que sin duda es el magistrado español con mayor proyección internacional ha despertado una gran expectación mediática con casi un centenar de medios de más de 15 países acreditados, entre ellos Al Jazeera, CNN, The Times o Wall Street Journal.
Garzón defiende su inocencia
En el auto de apertura del juicio oral, dictado el pasado 11 de abril, el instructor del caso en el Supremo, Alberto Jorge Barreiro, señaló que Garzón "decidió acceder indebidamente a las conversaciones confidenciales" entre abogados y presos, y que "le resultó indiferente" que su contenido fueran únicamente las estrategias de defensa.
Garzón, sin embargo, siempre ha mantenido que las escuchas eran la "única vía" para evitar que los cabecillas de la red "Gürtel" ocultaran las pruebas o los fondos que manejaban, aunque sus argumentos no consiguieron convencer al instructor, que además le denegó la mayoría de las pruebas que había solicitado.
Entre ellas, la declaración del juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, quien al asumir la investigación de la trama de corrupción prorrogó las escuchas ordenadas por Garzón, aunque posteriormente fueron anuladas por el tribunal madrileño.
Por su parte, Peláez intentó en mayo de 2010 ampliar la querella a las fiscales del caso, Concepción Sabadell y Miriam Segura, al considerar que "eran plenamente conscientes" de que las resoluciones de Garzón "eran contrarias a la Ley". Sin embargo, el Supremo defendió que las fiscales intervinieron en la causa en el cumplimiento de sus funciones y que no era procedente llamarlas a declarar, como pidió el querellante.
Primer juicio del mes
Será la primera vista oral a la que el magistrado de la Audiencia Nacional va a tener que enfrentarse este mes, ya que a partir del día 24 será juzgado también por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo, una causa en la que las acusaciones piden para él 20 años de inhabilitación por un delito de prevaricación.
Además de por la investigación de los crímenes del franquismo y por la intervención de las conversaciones del "caso Gürtel", Garzón está encausado en el Supremo por no abstenerse en una querella contra los responsables del banco Santander a pesar de que esta entidad bancaria subvencionó unos cursos que el juez impartió en Nueva York, una causa que todavía se encuentra en fase de instrucción.