Miles de personas se congregaron este lunes ante la Opera de Budapest para protestar por la nueva Constitución del país, en la que sus críticos ven un importante recorte de la democracia y un instrumento para asegurar el poder del partido gobernante, el conservador Fidesz.
La manifestación, en la que participaron unas 100.000 personas según sus organizadores, fue convocada por diferentes agrupaciones civiles y partidos de izquierdas, entre ellos el socialista.
El acto se transformó en una manifestación antigubernamental para exigir la dimisión del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y del Gobierno del Fidesz, que controla dos tercios del Parlamento.
"Habrá de nuevo República Húngara" era el lema de la concentración, en alusión a que la Constitución, aprobada este domingo, cambia el nombre del país de "República Húngara" a "Hungría".
Críticas desde EE.UU. y la UE
Entre los eslóganes coreados y exhibidos figuraban algunos como "Fuera Orbán" o "Viva la república" e incluso otros con un punto de humor como "Error 404. Democracia no encontrada", en alusión a un conocido fallo de internet.
Una de las participantes en la protesta declaró a la agencia Efe que "el problema con el Gobierno es que tiene miedo de la democracia", mientras que una pareja joven se mostró preocupada porque, en su opinión, el Ejecutivo "aisla a Hungría".
Muchos manifestantes hicieron sonar trompetas y matasuegras con la intención de hacerse oír dentro del edificio de la Opera, donde el primer ministro participaba en una solemne gala para celebrar la aprobación de la nueva Carta Magna.
La nueva Constitución húngara ha sido criticada, incluso desde Estados Unidos y la Unión Europea, como un instrumento que sirve a los intereses políticos del Fidesz.
Restringe la separación de poderes
La nueva ley fundamental, redactada sin consensuarla con ninguna otra formación, se encomienda a Dios, al orgullo patrio, la cristiandad y la familia tradicional.
Pero la principal crítica a la nueva Carta Magna es que restringe la separación de poderes, al politizar la judicatura y limitar la independencia y competencias del Tribunal Constitucional y otras instituciones fundamentales del Estado, como el Banco Central.
Las normas de rango constitucional que componen la ley fundamental podrán modificarse a partir de ahora solo con una mayoría de dos tercios de los diputados, lo que dificulta las enmiendas.