El abogado de Francisco Camps ha reiterado ante el juez una alegación para que sea el Tribunal Supremo el que juzgue al expresidente de la Generalitat por haber aceptado trajes de la trama Gürtel, mientras que la acusación ha pedido que se amplíe la causa al estimar que recibió más prendas.
Así lo ha planteado este lunes en la vista de cuestiones previas celebrada en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en la que el letrado del ex secretario general del PPCV Ricardo Costa, procesado por el mismo delito continuado de cohecho pasivo, también ha formulado sus alegaciones.
El magistrado presidente del jurado designado para esta causa, Juan Climent, emitirá en los próximos días un auto en el que resolverá las objeciones planteadas por las partes durante esta vista, y posteriormente dictará otro en el que fijará la fecha del juicio oral, que según fuentes del caso podría celebrarse en un plazo aproximado de mes y medio.
En la comparecencia de este lunes, prevista por la Ley del Jurado, la defensa de Camps ha apelado al Estatuto de Autonomía valenciano para trasladar la causa al Tribunal Supremo, que establece en su artículo 23.3 que debe ser este órgano quien juzgue a un miembro del Parlamento autonómico en el caso de que los hechos hayan ocurrido fuera de la Comunitat Valenciana.
Según el auto de procesamiento que dictó el juez instructor de la causa el pasado mes de julio, el expresident adquirió los trajes que supuestamente abonó la trama en diferentes tiendas de Madrid, por lo que su letrado entiende que se le debe aplicar el citado artículo del Estatuto.
La acusación pide ampliar la causa
En la comparecencia, que se ha prolongado durante dos horas y media, y sobre la cual ningún abogado ha querido hacer mención a los periodistas, la acusación, ejercida por el PSPV-PSOE, ha pedido que se amplíe la causa al entender que Camps y Costa, además de los trajes, recibieron otras prendas, entre ellas unas corbatas.
Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el magistrado emitirá esta misma semana un auto en el que se pronunciará sobre las alegaciones planteadas por las partes. En el caso de que no acepte ninguna de ellas, emitirá un segundo auto en el que fijará la fecha de la vista oral y concretará los hechos enjuiciables.
Según fuentes del caso, podría celebrarse en un plazo aproximado de un mes y medio tras la publicación del auto, tiempo que suele tardar en configurarse un tribunal popular.
El procedimiento judicial se incoó desde un principio, por el mismo motivo, contra Camps, Costa, el exvicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos y el exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret. Estos dos últimos reconocieron en julio su culpabilidad y fueron condenados a sendas multas de 9.600 euros como responsables de un delito continuado de cohecho pasivo impropio.
EU revisa los contratos con Orange Market
Por otra parte, en el plano político, Esquerra Unida (EU) en Les Corts Valencianes ha comenzado a revisar este lunes 134 documentos referidos a contratos, adjudicaciones y facturas de la Generalitat con Orange Market entre 2005 y 2009, lo que ha llevado a su portavoz adjunto, Ignacio Blanco, ha afirmar que los primeros contratos que han revisado evidencian "claramente la connivencia" de las Consellerias y empresas públicas valencianas con esta firma de la trama Gürtel.
Según han señalado a Efe fuentes de la Vicepresidencia de la Generalitat, los diputados de EU han podido revisar 134 folios de documentación, entre la cual se halla la referida a una treintena de contratos con la citada empresa investigada en el caso Gürtel.
El diputado ha asegurado que, desde el primer contrato analizado, referido a la Feria Fitur, empieza "una sucesión interminable de eventos" organizados por Orange Market, prácticamente dos cada mes, algunos "realmente sorprendentes y desconocidos hasta ahora".
Como ejemplo, ha indicado que hay un contrato por unos 300.000 euros con motivo de los diez años de "Castellón Cultural" -una factura que, según Vicepresidencia, no llega a los 164.000 euros-; varios referidos a jornadas y una serie de gastos "desmedidos", en muchos casos fraccionados para que las facturas no superen el límite de 12.000 euros establecido para los contratos menores.
Ha indicado que no han encontrado "obstáculos" para ver los contratos, que les ha mostrado un técnico de la Conselleria, y ha señalado que van a pedir fotocopia de todos los documentos para poder estudiarlos en profundidad, y que solicitarán documentación complementaria, como las actas de las mesas de contratación y los informes técnicos.