Los sindicatos griegos se proponen paralizar Atenas, en una nueva jornada de huelga de transportes, mientras que el portavoz de la Comisión Europea ha anunciado que la llegada de los supervisores internacionales de la UE, el FMI y el BCE se producirá "inmediatamente".
Los ciudadanos griegos y los turistas han tenido que recurrir a vehículos particulares para desplazarse, lo que ha ocasionado desde muy temprano atascos en las calles de Atenas, según ha informado la policía.
Los empleados de las empresas de transporte protestan contra la orden del Gobierno socialista de reducir la plantilla en un 10%, enviando a los funcionarios afectados a la "reserva", a la espera de ser contratados dentro de un año o ser despedidos. Las empresas del transporte público continúan ocasionando pérdidas en el sector, que este año alcanzará los 150 millones de euros.
Los taxistas contra la liberalización
Por su parte, los 27.000 propietarios de taxis en todo el país se oponen a la liberalización de la profesión, que hasta ahora estaba en manos de unos pocos con la venta de licencias de forma privada a unos precios que alcanzaban los 200.000 euros, que con la nueva ley se reduce a unos 1.000 euros y está abierta a todo el que esté interesado.
El creciente descontento popular por los nuevos impuestos y recortes no ha impedido al Parlamento griego aprobar una impopular tasa inmobiliaria con el fin de que los acreedores del Eurogrupo y el Fondo Monetario Internacional (FMI) liberen 8.000 millones que eviten la quiebra del país.
Un grupo de manifestantes se enfrentaron con la policía en los alrededores de la plaza Syntagma, tras la aprobación del impuesto que también afecta a jubilados y desempleados. Durante la votación protestaron fuera de la cámara legislativa de Atenas cientos de policías y guardias de frontera contra la reducción de sus ingresos, una protesta a la que se unieron también centenares de "indignados".
Huelga de funcionarios
Los funcionarios de Hacienda y de aduanas continúan por segundo día su protesta por la reducción de sus ingresos, paralizando las inspecciones que el Gobierno ha ordenado en forma urgente para alcanzar el objetivo de reducir el déficit fiscal al 7,6% del PIB desde el 10,5% de 2010.
Los funcionarios de los ayuntamientos están en huelga desde el martes en protesta por el cierre de algunos organismos estatales y la reducción del personal y han convocado a una ocupación de todas los corporaciones al mediodía.
Los acreedores internacionales, sus socios europeos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han exigido a Grecia reducir su sector público, lo que supone recortar el 30% del mismo hasta 2015, con un total de unos 300.000 despidos o jubilaciones anticipadas.
Según un informe encargado por la Confederación de Trabajadores de Grecia (GSEE), el mayor sindicato griego, el desempleo llegará hasta el 26% en 2012, con 1.300.000 desempleados, cuando ahora son unos 800.000 y está en el 16%.
Los inspectores de la "troika", que se marcharon de forma repentina el 2 de septiembre al ver que Grecia se había desviado de sus metas y presentaba un agujero presupuestario de 1.700 millones de euros sobre los objetivos marcados, esta previsto que lleguen en las próximas horas.
Se espera que concluyan un informe sobre el nuevo programa de austeridad y libere así un tramo de ayuda de 8.000 millones de euros indispensable para pagar sueldos y pensiones en octubre.