La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha cargado contra la actuación del Ministerio del Interior ante las protestas del Movimiento 15M.
Preguntada por la resolución que han presentado los sindicatos policiales en Bruselas, por su "inacción" en las protestas de la capital, Aguirre ha justificado la decisión y ha dicho que "la Comunidad de Madrid se plantea pedir una policía autonómica, si el Gobierno está dispuesto a que se privatice un espacio público como es la Puerta del Sol, porque quieren transformar la Puerta del Sol en La Bastilla", enreferencia a la Puerta del Sol.
La presidenta de la comunidad ha justificado esta decisión ante "un ministro del Interior que jura cumplir y hacer cumplir la ley, y la viola como ha hecho éste, prohibiendo identificar a los indignados".
"Ya está bien. En el momento en el que se produjo en el Parlament de Cataluña los mossos de escuadra cumplieron con su obligación y se acabó la broma", ha puesto como ejemplo Aguirre.
"Esto que está ocurriendo no tiene parangón. ¿Cómo se pueden permitir manifestaciones que no cumplen los requisitos legales que todos debemos seguir?", ha añadido.
Aguirre ha denunciado también a agresiones a los peregrinos de la JMJ, "algunos de ellos menores de edad y otros en sillas de ruedad", que ha considerado "realmente indignante".
"La única ventaja es que a partir del 20N cambiará el ministro del Interior y el que venga sabrá cumplir y hacer cumplir la ley", ha concluido Esperanza Aguirre.
Camacho considera que Aguirre debe "garantizar el resto de servicios públicos"
"No se corresponde a una necesidad real, y no tiene ningún sentido planteárselo cuando se está poniendo en peligro la sanidad o la educación", ha contestado el ministro del Interior a las palabras de Aguirre.
Antonio Camacho ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa de presentación de los resultados de la campaña de la DGT de verano, y ha argumentado que "deben asegurar el resto de servicios públicos, y que los madrileños y los españoles valoran muy positivamente la labor de la Policía y la Guardia Civíl".
Camacho considera que reclamar en estos momentos una policía autonómica en Madrid "no es de recibo" y, en relación a las quejas que los sindicatos policiales han remitido a Bruselas, que no se puede acusar al Gobierno de las decisiones tomadas y de que no toma desiciones al mismo tiempo.
Los sindicatos denuncian la "inacción" del Gobierno
La Unión Federal de Policía (UFP), integrante de la Unión de la Policía (UPOL) han decidido presentar en el Comité Ejecutivo de Eurocop en Bruselas una resolución denunciando lo que están padeciendo los agentes desde el 15M "por la inacción del Gobierno y de responsables policiales y la diferenciación de trato con respecto a otras manifestaciones".
Según ha explicado UFP, acuden a la Unión Europea porque consideran que el Gobierno de la Nación "se ha decantado claramente de parte de los llamados 'indignados', más que de su Policía".
Por eso, van a solicitar a las instituciones comunitarias protocolos de actuación y que proponga directrices nuevas con respecto a la dependencia, "requiriendo una dependencia de jueces y fiscales en lugar de la actual gubernativa, para que no sucedan más tan lamentables incidentes casi a diario como están sucediendo en la actualidad, demostrando, que todo conflicto sociopolítico se acaba convirtiendo en un conflicto policial".
"Y nosotros, la Policía, no tenemos la culpa de nada, solo de trabajar turnos inacabables, de aguantar todo tipo de vejaciones, doblando servicios y dando seguridad a todos, a los que libremente quieren circular por las calles con todos sus derechos, y a aquellos que se lo impiden un día tras otro, infringiendo claramente la Ley. Y ya estamos hartos", ha indicado la Unión Federal de la Policía.
Así, piden que en dicho protocolo se garantice a los ciudadanos un trato no discriminatorio y ajustado a la legalidad y a los policías una protección jurídica ante denuncias individuales contra ellos. "Una sociedad como la española, democrática y basada en el Estado de Derecho no puede permitir que se ponga a la Policía estatal bajo sospecha", ha indicado.
"Sólo nos dejaban mirar, aguantar y permitir todo"
Según el informe de la Unión de Policía, en España hay entre 2.400 y 2.800 agentes antidisturbios y, de éstos, 600 están destinados en Madrid, siendo los encargados del orden público y funciones de seguridad en embajadas, controles antiterroristas, etcétera, "una cifra claramente insuficiente y más en comparación con otros estados europeos como Francia, que cuenta con 61 compañías GRS y 15.000 funcionarios para estas funciones".
En su análisis, recuerdan que desde el pasado 15 de mayo, pocos días antes de las elecciones municipales y autonómicas, se produjo una acampada de 'indignados' en la Puerta del Sol de 500 personas a pesar de que la Junta Electoral Central comunicó que no era una concentración legal al ser jornada electoral.
“Los agentes han tenido que hacer una media de 15 y 20 horas de servicio“
"No se hizo nada. A partir de ese momento, la Plaza del Sol y los alrededores la han considerado suya, cortando el tráfico por todo el centro de Madrid, incumpliendo la Ley Orgánica 9/83 de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, durante más de tres meses, pretendiendo arremeter contra el Parlamento en reiteradas ocasiones e intentando asaltar el Ministerio del Interior, e incluso queriendo evitar que los diputados entrasen en la Cámara, incumpliendo la Ley Orgánica 10/95 del Código Penal", han indicado.
En ese sentido, aseguran que se ha vulnerado durante muchos días el derecho a la libre circulación y que, tras el desalojo, los policías han aguantado "insultos, menosprecios, escupitajos en los uniformes, intentos de orinarles en las botas de los compañeros, personas que se desnudan delante de los policías enseñando sus genitales y la Policía, por orden del político de turno, mirando". "Sólo nos dejaban mirar, aguantar y permitir todo", se quejan los sindicalistas.
Por otro lado, han criticado que el día 17 de agosto se autorizó una marcha 'antipapa' "en contra de todos los informes policiales" y exigir su paso por Sol. "Una vez más la Delegación del Gobierno claudica y esa tarde se producen múltiples agresiones a los jóvenes y religiosos de las JMJ. La Policía, por órdenes superiores, sólo separó a unos y otros y siguió mirando y aguantando todo tipo de agresiones tanto verbales como físicas", denuncian.