El Tribunal de Apelación de Milán ha rebajado a 560 millones de euros la sanción impuesta al grupo empresarial del primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, en concepto de resarcimiento al conglomerado CIR por los daños patrimoniales causados en la pugna por el control de la editorial Mondadori.
Según se puede leer en la sentencia dictada este sábado por los jueces de la segunda sección civil de la Corte de Apelación milanesa, se mantiene la condena a Fininvest, grupo empresarial de Berlusconi, aunque deberá pagar 190 millones de euros menos, ya que la sanción en primer grado fue de 750 millones de euros.
Una condena "inmediatamente ejecutable"
La condena, que es "inmediatamente ejecutable", se cifra en unos 540 millones de euros, a lo que se suman los intereses y los gastos judiciales desde que se dictó la sentencia en primer grado, el 3 de octubre de 2009, que deberán correr a cuenta de Fininvest, por lo que la sanción total es de 560 millones de euros.
La condena en apelación llega después de la polémica generada esta semana en torno a la inclusión en el último plan de ajuste del Gobierno italiano de una norma que habría obligado a los jueces a mantener suspendida cautelarmente la sanción hasta una resolución del Tribunal Supremo, disposición que finalmente decidió retirar el mandatario ante el revuelo generado.
El grupo de Berlusconi, que controla, entre otras empresas, la mediática Mediaset y el Milán Club de Fútbol, fue condenado a pagar en octubre de 2009 750 millones de euros a CIR, editor del diario La Repubblica, en concepto de resarcimiento por los daños patrimoniales causados en la pugna por el control de Mondadori.
Los hechos se remontan a los primeros años 90, cuando el grupo de Berlusconi y CIR (Compañías Industriales Reunidas), ambos accionistas de Mondadori en la época, recurrieron a la justicia para que decidiera quién tenía derecho a quedarse con las acciones de la familia Formenton, herederos del histórico dirigente de la editorial, Arnoldo Mondadori, que daban el control de la empresa.
El 20 de junio de 1990, el tribunal decidió que el acuerdo al que Carlo de Benedetti, de CIR, había llegado con la familia antes de que ésta cambiara de opinión a favor de Berlusconi era el que tenía validez, decisión que fue recurrida posteriormente por Fininvest, a quien un juzgado de Roma dio la razón en 1991.
El caso se reabrió por la vía penal
Posteriormente, el caso se reabrió por la vía penal para averiguar si habían existido irregularidades en el proceso y Cesare Previti, exabogado del primer ministro, fue condenado en 2007 por el Tribunal Supremo a un año y seis meses de cárcel por sobornar a uno de los jueces que se hicieron cargo del asunto, mientras que Berlusconi salió indemne.
En las motivaciones de la sanción económica a Fininvest, en primer grado, el juez Raimondo Mesiano hacía a Berlusconi "corresponsable de la corrupción" que llevó a su grupo a hacerse con el control de la editorial.
Mesiano creía que es "absolutamente impensable" que quien era representante legal del grupo no supiera del ingreso de una cantidad de dinero utilizado para sobornar a un juez y que concediera a la sociedad de Berlusconi el control de la editorial.