Patronal y sindicatos han dado este jueves por concluidas sin acuerdo las conversaciones para la reforma de la negociación colectiva tras alrededor de cuatro meses de reuniones más o menos continuadas y más de un año después desde que se comprometieran a revisar todo el sistema de convenios colectivos.
El 9 de febrero de 2010 las patronales CEOE y CEPYME y los sindicatos CCOO y UGT pactaron tres años de moderación salarial con la firma del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2010-2012, al tiempo que se comprometieron a modernizar el marco de las relaciones laborales.
No obstante, el inicio de la negociación se fue retrasando durante meses, ya que en paralelo se estaba discutiendo la reforma del mercado laboral y poco después -12 de mayo- el Gobierno anunció una serie de medidas para atajar el déficit y cumplir con los objetivos de estabilidad de la Unión Europea.
Recorte salarial y congelación de las pensiones
Las medidas incluían el recorte salarial del 5% para los empleados públicos y la congelación de las pensiones contributivas, y provocaron la convocatoria de una huelga de funcionarios para el 8 de junio.
Dos días después de la huelga, el 10 de junio, fracasó el intento por alcanzar un acuerdo tripartito de Gobierno, patronal y sindicatos para reformar el mercado laboral.
El 16 de junio el Ejecutivo aprobó por decreto dicha reforma y los sindicatos convocaron una huelga general para el 29 de septiembre.
La propia reforma laboral establecía el plazo en el que se debía acordar la reforma de la negociación colectiva, que expiraba el 19 de marzo.
Sin embargo, las conversaciones entre empresarios y sindicatos para este asunto no comenzaron hasta febrero, una vez firmado con el Gobierno a inicios de ese mes el Acuerdo Social y Económico, que incluía el pacto para la reforma del sistema público de pensiones.
El 3 de marzo CCOO y UGT manifestaron que era posible llegar a un acuerdo a mediados de abril tras afirmar que las diferencias con la patronal eran "superables", razón por la que el Gobierno consideró que no había problema para ampliar el periodo de negociación.
Flexibilidad interna, el primer punto de fricción
Los principales puntos de fricción estaban en los cambios que se podían acometer en las condiciones laborales de los trabajadores en tiempos de crisis en lo que respecta a jornada, movilidad y funciones, en la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa o viceversa y en la conveniencia o no de prorrogar automáticamente los convenios expirados.
Las negociaciones se fueron alargando sin que se fijara una fecha concreta para su fin, aunque la partes dejaron entrever que tras las elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo esta cuestión se despejaría.
Tras los comicios, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, dijo que el 10 de junio era la fecha tope que se daba el Gobierno para aprobar la reforma tanto si había acuerdo como si no.
Antes de las elecciones, el 17 de mayo, el Comité Directivo de la CEOE reclamó a su presidente, Juan Rosell, una postura más firme frente a los sindicatos para que la reforma no terminara siendo un texto vacío de contenido.
Con este mandato Rosell llevó a la reunión del 30 de mayo con los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, un nuevo documento con una posición de máximos de la patronal que los sindicatos consideraron inasumible.
Los sindicatos entendieron que la actitud de la CEOE suponía la ruptura de las negociaciones, aunque ambas partes se reunieron todavía dos veces más (ayer y hoy) para tratar de desbloquear la situación, lo que finalmente no ha sido posible.
Últimas reformas del acuerdo global
La reforma de la negociación colectiva es una de las últimas grandes reformas estructurales que se había propuesto el Gobierno, junto a las del sistema financiero, la de las pensiones y la del mercado laboral, aunque siempre había señalado que era preferible un consenso entre los agentes sociales para que la nueva norma fuera más eficaz.
Por ello, y aunque la ley de la reforma laboral fijaba como fecha límite el 19 de marzo para alcanzar un acuerdo, el Gobierno fue ampliando ese plazo con la confianza en que habría pacto. Hasta este mismo jueves, todos los implicados mantenían que era posible salvar el preacuerdo alcanzado a primeros de mes.
Sin embargo, los sindicatos ya acusaban en los últimos días a la patronal de volver a posturas maximalistas en aspectos ya superados, especialmente por la presión de la CEIM, la patronal madrileña que preside Alberto Fernández.
Tanto en el último Comité Ejecutivo como en la última Junta Directiva de la CEOE se filtró la oposición de algunas de las organizaciones que componen la patronal a los acuerdos alcanzados hasta entonces por Rosell , y su reclamación de una postura más exigente.
Finalmente, el acuerdo se ha roto definitivamente y será el Gobierno quien tenga que legislar sobre aspectos como la ultraactividad de los convenios, es decir, su prórroga automática cuando caduquen, o la flexibilidad en el seno de las empresas, al margen de los convenios sectoriales.