La Ley de Medidas para el Afloramiento y Control del Empleo Sumergido, aprobada en el Consejo de Ministros de este viernes, tiene como principal propósito combatir los efectos negativos del empleo irregular, no declarado por las empresas a la Seguridad Social. El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha señalado tras la aprobación del plan que también se pretende aumentar el sistema de protección social y las garantías de los trabajadores.
El Plan establece que:
- Las empresas tienen de plazo hasta el 31 de julio para regularizar voluntariamente a sus trabajadores. Se prolonga así un mes más en relación a la primera propuesta presentada por el Gobierno. Si las empresas no dan de alta a sus trabajadores se enfrentan a un endurecimiento de las sanciones apartir de esa fecha.
- Las sanciones por incumplir la obligación de Afiliación y alta de los Trabajadores en la Seguridad Social se elevarán hasta un mínimo de 3.126 euros y un máximo de 10.000 euros, frente a las sanciones hasta ahora vigentes, comprendidas entre los 626 y los 6.250 euros. Mientras, las sanciones por haber compatibilizado el trabajo con el cobro de prestaciones de desempleo, se amplían de los 6.251 euros hasta los 10.000 en el caso de las mínimas y se mantienen en el umbral máximo de 187.515 euros.
- La Inspección de Trabajo y Seguridad Social va a intensificar la actividad y eficacia de las actuaciones de vigilancia y control del trabajo no declarado. Además se llevarán a cabo campañas de sensibilización pública concienciando sobre los efectos del empleo irregular.
- El Plan no reconocerá las cotizaciones correspondientes al tiempo que los trabajadores estuvieron ocupados de forma irregular. Los nuevos contratos que formalicen las empresas podrán ser de carácter temporal o fijo, en función del tipo de actividad.
- Las empresas tendrán facilidades de pago, pero, según ha señalado Gómez, en declaraciones a TVE, "no habrá amnistía, no habrá perdón" para estas empresas, porque deberán pagar todo lo que adeuden a la Seguridad Social.
- Las medidas legislativas urgentes incluídas en el Real Decreto se aplicarán desde su entrada en vigor hasta el 31 de julio. En este plazo, las empresas deberán dar de alta a sus trabajadores en la Seguridad Social y superada esa fecha, las empresas se enfrentan al endurecimiento de las sanciones administrativas.