El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha dicho que Telefónica podría verse afectada por la modificación legal que prepara el Gobierno para encarecer las prejubilaciones y obligar a las grandes empresas con beneficios a que asuman los gastos del proceso.
En declaraciones a RNE, Gómez ha confirmado que Telefónica reúne las características que el Ejecutivo está perfilando para determinar qué tipo de empresas se verían obligadas a asumir el coste de las prejubilaciones que, en la actualidad, cubre el sistema público.
Así, la compañía presidida por César Alierta tendría que costear el gasto en prestaciones de parte del 20% de la plantilla en España que prevé recortar en un periodo de tres años.
Según el ministro de Trabajo, la idea es que una empresa de "suficiente tamaño", que tenga "un volumen de beneficio suficientemente amplio" y lleve a cabo despidos con consumo de prestaciones por desempleo, "debe contribuir a que el gasto [para las arcas públicas] disminuya pagándolo ella misma", a lo que ha añadido que "Telefónica sí entraría dentro de esas condiciones".
El ministro ha explicado que el Gobierno tiene la opción de introducir esta enmienda en el decreto de reforma de las políticas activas o en el proyecto de ley de reforma de las pensiones, que ya está tramitándose en el Congreso, con lo que hay instrumentos para que el cambio legal "no tarde demasiado" en entrar en vigor.
Por su parte, el ministro de Fomento, José Blanco, ha asegurado que esa modificación "no surge como consecuencia del ERE de Telefónica, sino como una decisión y determinación que tenía el Gobierno encima de la mesa dentro de un proceso de reformas que son importantes para nuestro país", ha indicado
También ha confirmado ese punto el portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares, quien ha asegurado que ese cambio de legislación "no es nada nuevo" porque ya figura en las recomendaciones del Pacto de Toledo.
IU: "Impedir que una empresa con beneficios reduzca empleos"
Por eso, Llamazares ha asegurado que no basta con esta medida ocasionada tras el anuncio de Telefónica de reducir 6.000 empleos, sino que "hay que modificar la legislación y, en concreto, el Estatuto de los Trabajadores para impedir a una empresa con beneficios reducir empleos".
Según Llamazares, una empresa como Telefónica, que cuenta con más de 10.100 millones de euros de beneficio, "no puede repartir casi la mitad en bonus para sus accionistas".
El portavoz de IU también plantea llevar a efecto "una política impositiva que recupere el impuesto de sociedades en España, ya que prácticamente no hay impuestos sobre las empresas".
Para Llamazares, el caso de Telefónica "es una metáfora de la crisis" porque "gana quien ha provocado la crisis -los empresarios y los gestores, y pierden los trabajadores, con una reducción de empleos brutal. Y se pretende, además, que se financie por la Administración central".
Por eso, Llamazares considera esta medida "inaceptable" y ha hecho un llamamiento al ministro de Trabajo para que no apruebe en ningún caso el ERE de Telefónica. Quiere, además, que "modifique la ley para que las empresas con beneficios no puedan recurrir a los despidos y a las prejubilaciones".