La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido la absolución del juez Baltasar Garzón en el caso que se sigue contra el magistrado por ordenar las escuchas de las conversaciones en prisión entre los cabecillas de la trama Gürtel y sus abogados, al entender que el juez dejó a salvo el "derecho de defensa".
En el escrito de conclusiones remitido a la sala de lo penal del Supremo que debe juzgar al magistrado, la fiscal Pilar Fernández-Valcarce mantiene que los letrados cuyas conversaciones fueron grabadas "conocieron tal circunstancia" y que la orden de realizar las escuchas se llevó a cabo "previniendo el derecho de defensa".
Según la Fiscalía, tampoco consta acreditado que el contenido de aquellas grabaciones fuera utilizado por Garzón para "dirigir o variar" la investigación sobre la trama de corrupción, liderada por los dos reclusos a quienes se les intervinieron las comunicaciones, Francisco Correa y Pablo Crespo.
El Tribunal Supremo ha ordenado la apertura de juicio contra el juez Baltasar Garzón por las escuchas del caso Gürtel en prisión entre los imputados en la trama de corrupción y sus abogados. En el auto el juez instructor, Alberto Jorge Barreiro, indica que la orden de Garzón para que fueran grabadas las conversaciones que mantuvieron en prisión los principales imputados con sus letrados constituye indiciariamente un delito continuado de prevaricación judicial y otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales. "El magistrado decidió acceder indebidamente a las conversaciones confidenciales que tuvieron internos con sus abogados" y "le resultó indiferente que el contenido de las conversaciones (...) no tuviera otro contenido que aspectos nucleares sobre las estrategias de defensa", se dice en el auto. El juez instructor da, de esta forma, por concluida la investigación para sentar a Garzón en el banquillo, aunque todavía no hay fecha.
La fiscal recuerda además que el lápiz de memoria a que se refieren los investigados en una de las conversaciones grabadas y que aportaba valiosa información sobre la estructura y los pagos de la red, fue intervenido con anterioridad a las escuchas.
El pasado 11 de abril, el Tribunal Supremo ordenó la apertura de juicio oral contra Garzón por ordenar la grabación de las conversaciones entre los imputados de la trama Gürtel y sus abogados por los delitos de prevaricación y violación de las garantías constitucionales.
En el auto, el magistrado instructor de la causa, Alberto Jorge Barreiro, argumenta que el juez "decidió acceder indebidamente a las conversaciones confidenciales" y que "le resultó indiferente" que las mismas no tuvieran otro contenido "que aspectos nucleares sobre las estrategias de defensa".
La querella se presentó el 9 de diciembre de 2009
La querella contra Garzón por estos hechos fue presentada el 9 de diciembre de 2009 por el abogado Ignacio Peláez, que defiende en el "caso Gürtel" al empresario José Luis Ulibarri, aunque posteriormente el Supremo admitió que se personaran también como acusaciones el presunto cerebro de la trama, Francisco Correa, y su segundo, Pablo Crespo, que aún permanecen en prisión.
Peláez solicita para Garzón 10 años de inhabilitación, mientras que la defensa de Correa pide que sea inhabilitado 17 años y la Fiscalía reclama la absolución.