La prima de riesgo de la deuda española experimentaba este lunes un acusado descenso hasta los 208 puntos básicos ante los avances pactados por los líderes europeos en puntos clave del mecanismo de rescate de países en dificultades.
En concreto, los bonos españoles con vencimiento a diez años ofrecían un interés del 5,299%, frente al 3,21% del bono alemán, después de haber llegado a registrar un diferencial de hasta 230 puntos básicos la semana pasada tras el recorte de la calificación de España por Moody's.
Por su parte, la prima de riesgo de los bonos portugueses se situaba en 447 puntos básicos, aunque el rendimiento de sus bonos continúa en niveles insostenibles, según las propias autoridades lusas, ya que el interés ofrecido es del 7,626%.
El diferencial de los bonos griegos alcanzaba los 943 puntos básicos, con un tipo de interés del 12,580%, mientras que la deuda irlandesa ofrece un rendimiento del 9,677% y un diferencial de 645 puntos básicos.
Los jefes de Estado y de Gobierno de la eurozona acordaron este fin de semana reforzar la capacidad financiera del fondo de rescate de 750.000 millones de euros para los países con problemas de deuda y flexibilizarlo con el objetivo de que pueda comprar bonos en el mercado primario, tal y como reclamaban España y Portugal, aunque para ello impondrán "condiciones estrictas" a los beneficiarios de estas actuaciones.
Sistema de sanciones
Los ministros de Economía de la UE tratarán de acordar este lunes un nuevo sistema de sanciones de hasta el 0,2% del PIB (que en el caso de España supondrían 2.000 millones de euros) para los países de la eurozona con déficit o desequilibrios excesivos, como burbujas inmobiliarias.
Los Estados miembros han descafeinado la propuesta original de la Comisión. Las multas no serán casi automáticas, sino que se deja más tiempo a los países incumplidores para corregir sus problemas y se da más peso a las decisiones políticas del Eurogrupo, que en el pasado ya aprobaron incumplir el Pacto de Estabilidad.
El presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, ha avisado de que la reforma no va lo suficientemente lejos como para prevenir futuras crisis y ha pedido a la Eurocámara que endurezca las sanciones.
Diferencias
Los ministros de Economía deben cerrar cuatro grandes temas donde persisten las diferencias. Si no hay acuerdo, se convocará un nuevo encuentro el 21 de marzo. En principio, existe un amplio consenso para destinar la recaudación de las multas y de los intereses a alimentar el fondo de rescate, pero todavía no ha sido confirmado por todos los Estados miembros.
Italia, uno de los países más endeudados, mantiene sus reservas sobre dar más peso al límite de deuda del 60% del PIB a la hora de lanzar un expediente sancionador, mientras que otras naciones rechazan los mecanismos de flexibilidad que ya se han concedido a Roma. Tampoco hay acuerdo sobre la propuesta de iniciar el procedimiento sancionador incluso antes de que un país supere el umbral del 3% de déficit si incumple sus compromisos presupuestarios.
Los países del este siguen reclamando que se tenga en cuenta el coste de las reformas de sus sistemas de pensiones, mientras que Alemania pretende que el superávit por cuenta corriente no sea motivo de sanción porque es menos perjudicial que el déficit, algo que rechaza España.
De depósito a multa
Las nuevas sanciones se activarán en una fase temprana. Si un país no realiza los ajustes necesarios, la UE le obligará a bloquear un depósito generador de intereses del 0,2% de su PIB. Cuando se sobrepase el 3% de déficit se le retendrán los intereses, y el depósito se transformará en una multa si el Gobierno no ha tomado las medidas exigidas para corregirlo.
El Pacto de Estabilidad ya prevé este tipo de multas, pero nunca se han aplicado en la práctica. El momento en que se estuvo más cerca de imponerlas fue en 2003, pero Alemania y Francia, que eran los países incumplidores, paralizaron el proceso y forzaron una reforma del pacto para flexibilizarlo.
Las sanciones se activarán de forma semiautomática con un mecanismo de voto inverso, lo que quiere decir que la propuesta de sanciones presentada por Bruselas se considerará adoptada a menos que el Consejo la rechace por mayoría cualificada. No obstante, el lanzamiento de un procedimiento sancionador seguirá siendo una decisión política que dependerá del Ecofin.
Con el nuevo sistema se tendrá más en cuenta el límite del 60% de deuda que hasta ahora se ha ignorado. Así, un país que no supere el umbral del 3% de déficit pero muy endeudado podrá ser objeto de un expediente por déficit excesivo si no ha logrado una rebaja de un veinteavo de la diferencia con el umbral del 60 % durante los tres últimos años.
Desequilibrio excesivo
Aparte del procedimiento por déficit excesivo, se crea un nuevo procedimiento por desequilibrios excesivos, que se traducirá en multas de hasta el 0,1% del PIB (en el caso de España, 1.000 millones de euros) para los países de la eurozona que no adopten las medidas para frenar su pérdida de competitividad, por ejemplo para los que no eviten la aparición de burbujas inmobiliarias.
Este nuevo sistema de vigilancia se basará en una serie de indicadores para detectar de forma precoz cualquier desequilibrio que amenace la estabilidad de la economía europea. Los Veintisiete ya se han puesto de acuerdo a nivel técnico en nueve indicadores: se trata del balance por cuenta corriente, la posición neta de activos exteriores, el tipo efectivo de cambio real basado en los costes salariales unitarios, el tipo efectivo de cambio real basado en el deflactor del PIB, los precios de la vivienda, la deuda del Gobierno y el ratio de crédito al sector privado en porcentaje del PIB.
Los ministros de Economía tratarán además de avanzar en la flexibilización del fondo de rescate de 750.000 millones de euros para los países con problemas de deuda, tras el acuerdo alcanzado en la cumbre de líderes europeos el pasado viernes.