La Abogacía del Estado ha presentado este jueves una demanda ante el Tribunal Supremo en la que le solicita que Sortu no sea registrado como partido político. En el documento presentado, la Abogacía argumenta con cinco puntos clave que el rechazo de Sortu a la violencia no implica que no sigan vinculados al complejo ETA-Batasuna y que este partido es sucesión y continuación de Batasuna y no debe ser legal.
En el documento se explica que lo que se pretende no es dar razones de la actividad de Sortu por las que debería ser ilegalizada (puesto que es una formación de nueva creación), si no para la demostración de la "existencia de una relación de sucesión o continuidad" con Batasuna.
De momento el Tribunal Supremo ha admitido a trámite la demanda del Gobierno y ha acordado dejar en suspenso los trámites para la inscripción como partido político de la nueva marca política del a izquierda abertzale.
Los estatutos
La Abogacía explica en la demanda que los mismos promotores de Sortu reconocen en el capítulo preliminar de los estatutos de la formación que tienen como origen la misma "Izquierda Abertzale" del "complejo ETA/Batasuna". Cita textualmente parte de los estatutos en los que se puede leer que la intención de Sortu es "romper con los modelos organizativos del pasado" e impedir que el partido pueda ser instrumentalizado "por organizaciones que practiquen la violencia o partidos políticos que fueron ilegalizados y disueltos por razón de su connivencia con ella".
La Abogacía del Estado ve evidente que esta declaración de intenciones de los estatutos de Sortu evidencian que "se trata de la izquierda abertzale / Batasuna, utilizando una estrategia distinta de la empleada hasta ahora en los procesos electorales.
Añade que la intención de Sortu es ajustarse a las demandas de la ley, entre las que se encuentra el rechazo expreso a la violencia en sus estatutos, para evitar la suerte de los "intentos" precedentes.
Los promotores
Así como defiende que los estatutos dejan claro que Sortu es la sucesora natural de Batasuna, también expone una serie de "vinculaciones personales" con la intención de "dejar bien sentado" que los promotores también estuvieron relacionados directamente con la formación ilegalizada.
La demanda incide en que los organizadores se han esforzado en que las caras del nuevo partido no tengan en la medida de lo posible "conexiones visibles o de raigambre" con los anteriores partidos ilegalizados o su entorno.
No obstante, destaca también que junto a los cuatro promotores, en los actos de presentación han intervenido también a modo de apoyo personas con vinculaciones "clarísimas" con el "complejo ETA/Batasuna" y menciona expresamente a Rufi Etxeberria y al abogado Iñigo Iruin, ponentes del primer acto.
Citando informes policiales añade que, de las personas que arroparon a Etxeberria e Iruin ese día, 19 "han formado parte en alguna ocasión de las diferentes Mesas Nacionales de HB/Batasuna"; siete han sido cargos electos de HB/EH/Batasuna y cualquiera de los partidos que sustituyeron después a la ilegalizada Batasuna; 15 han sido candidatos en diferentes procesos electorales con estas formaciones; uno ha formado parte de un órgano directivo de Batasuna; tres han formado parte de alguna estructura de ETA y cuatro han sido interventores o apoderados por alguna de los partidos ilegalizados.
No prueban la desvinculación de ETA
A continuación se analizan los "contraindicios" o argumentos a favor de la legalidad de Sortu que se encuentran en los estatutos de la formación y con cuya exposición este partido quiere probar que el nuevo proyecto está desvinculado de la organización terrorista ETA".
Según la Abogacía, sin embargo, estos argumentos "no pueden servir para acreditar la desvinculación del partido que se proyecta con ETA" y relaciona esta afirmación directamente con el siguiente punto: ETA no se ha disuelto y su estrategia pasa por apoyar la legalización del partido de la izquierda abertzale.
ETA no se ha disuelto
"ETA sigue existiendo, no se ha disuelto y de ninguno de sus comunicados o declaraciones se deduce ni remotamente que tenga la más mínima intención de hacerlo. Tampoco parece que ETA tenga intención de convertirse en partido político", reza la demanda.
La Abogacía expone que los tres últimos comunicados de ETA relacionados con treguas o altos el fuego son "prácticamente idénticos" y ninguno sugiere siquiera que ETA vaya a desaparecer.
Así, a su juicio, la creación de Sortu responde a "una estrategia política sincronizada de la que ETA es motor y parte actora principal". Y añade que el comunicado de ETA, la presentación de Sortu y la reunión en Bilbao del Grupo Internacional de Contacto, se sucedieron en pocos días.
Indica en este sentido que el nuevo partido anunció su voluntad de colaborar para la desaparición de la violencia después, y solo después, de que ETA decidiera "dejar de matar un tiempo".
Ve de este modo patente una "subordinación y coordinación" de Sortu con la banda terrorista ya que si decidió rechazar la violencia con fines políticos fue, a juicio de la Abogacía, porque ETA decidió no seguir.
Insiste en que ve "táctica" la decisión de Sortu de incluir en sus estatutos el rechazo a la violencia ya que en los mismos no aparece "ni una sola condena real" al uso del terrorismo con fines políticos.
Recuerda de nuevo que las mismas personas "que jaleaban a los asesinos" pasan a ser miembros de un nuevo partido que manifiesta estar lejos de la violencia. En este caso pone como ejemplo al exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi que tres días después de la presentación de Sortu dijo estar de acuerdo con el rechazo al terrorismo y al mismo tiempo se refería a los presos de ETA como "presos políticos".
Rechazo "cosmético" del terrorismo
Por último, la Abogacía desarrolla con profundidad las razones por las que esgrime que el rechazo en los estatutos de Sortu al terrorismo es "cosmético, retórico e instrumental".
- En primer lugar, afirma que una de las razones fundamentales es el proceso de cambio en el País Vasco y fundamentalmente las escisiones en el seno de la izquierda abertzale y de la misma organización terrorista.
- En segundo lugar, analiza la practica 'arreacción' de ETA a la decisión de la izquierda abertzale de rechazar el uso de la violencia, mientras que en ocasiones anteriores había utilizado una gran dureza para responder a manifestaciones similares. "Pareciera que del tiro en la nuca a Yoyes, las enconadas críticas a los disidentes y revisionistas y los vituperios a Aralar se ha pasado a la más acrítica y silenciosa de las competencias", indica la Abogacía.
- Por otro lado, defiende la "falsedad y la relatividad" de las palabras contenidas en los estatutos de Sortu basándose en que "en pleno proceso Democrático", cuando la izquierda abertzale ha tenido oportunidad de condenar la violencia y el terrorismo, no lo ha hecho.
- Añade el texto, que los promotores de la nueva formación tampoco han condenado los actos de terrorismo "cuando han tenido ocasión real y cercana" de hacerlo. Incluye la transcripción de una entrevista en la Cadena Ser a Irene Zarraua, una de las responsables de Sortu, que después del golpe a ETA este 2 de marzo no se felicitó por las cuatro detenciones ni valoró el hallazgo de 250 kilos de explosivos. Zarraua se limitó a contestar que las detenciones son la "labor" de los policías.
- Para terminar, la Abogacía expone en el documento lo que a su juicio son conexiones personales y directas de Sortu con ETA. Nombres como José María y Eneko Compains, integrante de Sortu y miembro de EKIN respectivamente; Sonia Respaldiza, promotora de Sortu que según los documentos intervenidos a Susper quiso entrar en ETA; Arantza Zulueta, "una de las más estrechas colaboradoras de ETA", que participó en el acto de presentación; José Javier Artola, promotor que es titular de una cuenta bancaria destinada para ayudar al colectivo de presos de ETA.