La decisión del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz de continuar la investigación de la presunta filtración policial a colaboradores de ETA, el llamado caso Faisán, ha provocado las reacciones del Sindicato Unificado de Policia (SUP). Su portavoz, José María Benito, ha asegurado que el en caso de se condene sólo a funcionarios policiales, "tomaran algún tipo de medida tendente a que la culpa no quede sólo en los agentes, sino que se extienda a quien es responsable de estos hechos, que no sabemos quién es".
A este respecto, el portavoz del grupo socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, ha afirmado este martess que tiene "plena confianza" en que el Ministerio del Interior ha actuado "con arreglo a las leyes". Alonso ha subrayado que confía "plenamente en que el Ministerio del Interior ha actuado, tanto las autoridades como la parte operativa como los policías, como lo tienen que hacer, con arreglo a las leyes", en una entrevista concedida a la Cadena Ser.
El juez Ruz ha ordenado seis nuevas diligencias para esclarecer el presunto 'chivatazo', que se habría producido en el bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa), el 4 de mayo de 2006.. Entre las nuevas averiguaciones, quiere preguntar a los responsables de la investigación por los cortes que tenía el vídeo que ofrecía las imágenes del establecimiento, y en las quedaba registrado quién entraba en el bar. También ha pedido esclarecer quién ha participado en la cadena de custodia de la prueba.
Garzón, que investigaba el 'chivatazo' a ETA hasta que fue suspendido en sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), rechazó en noviembre de 2009 por "absolutamente improcedentes" los informes periciales sobre el vídeo de vigilancia.
Caamaño rechaza las valoraciones políticas
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha valorado este martes que el asunto está 'sub iudice' y que por ello no puede pronunciarse sobre las decisiones del instructor, si bien ha recordado que los jueces "actúan con arreglo a derecho, cumplen la ley y adoptan las decisiones que estiman correctas".
Preguntado por este asunto, el ministro de Justicia ha indicado, sin citar en ningún momento al Partido Popular, que todos los ciudadanos, y en especial los representantes públicos, están sujetos a las decisiones judiciales, tal y como establece el artículo 9 de la Constitución Española.
"Pueden criticarlas si así se estima pertinente, pero esa crítica nunca debe mezclarse con valoraciones políticas ni juicios interesados", ha insistido Caamaño.
Con esta valoración sale también al paso de las declaraciones que este lunes expresó el coordinador de Libertades Públicas y de Justicia del PP, Federico Trillo, sobre el caso. El ex ministro de Defensa popular aseguró que el auto de Ruz evidencia que el antiguo instructor del caso, el juez Baltasar Garzón "ha estado entorpeciendo la investigación de lo que parece un delito muy grave".