El fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, ha anunciado este miércoles que ha solicitado a los jueces que citen al actual viceprimer ministro de Kenia, Uhuru Kenyatta, por crímenes de guerra y lesa humanidad.
Ocampo ha pedido que se cite también a otras cinco personas presuntas responsables de delitos supuestamente cometidos en el país durante los episodios de violencia que sucedieron a las elecciones de 2007.
"Ahora son los jueces los que tienen que decidir", ha explicado durante una rueda de prensa Ocampo, quien espera que los que considera "máximos responsables" de esos crímenes se entreguen voluntariamente ante la CPI y que no haga falta solicitar una orden de arresto para capturarlos.
Los otros acusados son el suspendido ministro de Educación William Ruto, el ministro de Industrialización, Henry Kiprono Kosgey, y el ejecutivo radiofónico Joshua Arap Sang, que están acusados de los cargos de asesinato, deportación, persecución y torturas.
El fiscal también buscará citar al secretario del Gobierno de Kenia, Kirimi Muthaura, y el ex jefe de Policía, Hussein Ali, por acusaciones de asesinato, deportación, persecución y violación.
Más de 1.220 personas murieron y 350.000 fueron desplazadas en la violencia postelectoral de 2008, dañanado severamente la reputación de estabilidad de Kenia en la turbulenta región del este de África.
Sin pruebas contra el presidente y el primer ministro
En el tratado de paz que siguió a la violencia postelectoral se acordó que los responsables de los hechos tendrían que hacer frente a la Justicia o bien en Kenia o bien en la CPI en La Haya.
Sin embargo, los diputados kenianos han bloqueado cualquier intento para crear un tribunal local.
Este lunes el presidente Mwai Kibaki ha anunciado que el Gobierno lanzará su propia investigación, un movimiento que sus críticos han denunciado como intento de evitar que los sospechosos sean enviados a La Haya.
La violencia estalló después de que los seguidores de Kibaki fuesen acusados de fraude en las elecciones presidenciales. Finalmente, se decidió que Kibaki y su rival, Raila Odinga, compartiesen el poder, de forma que Odinga se convirtiese en primer ministro.
Moreno-Ocampo ha precisado que no hay pruebas para acusar ni a Kibaki ni a Odinga. "Nos guiamos estrictamente por las pruebas. No tenemos en cuenta las responsabilidades políticas...hay debates políticos, pero no es mi responsabilidad", ha subrayado ante la prensa en La Haya.
No habrá acción contra los sospechosos por el momento
Kibaki ya ha adelantado que no va a tomar ninguna acción contra los ministros nombrados como sospechosos por la CPI por fomentar la violencia postelectoral.
"Deseo declarar que las personas que han sido mencionadas aún no han sido completamente investigadas en el proceso previo al juicio en La Haya, que acaba de empezar", ha recordado.
Los analistas habían advertido de que nombrar sospechosos podría aumentar las tensiones en Kenia y que se podrían producidr cambios en el Gobierno mientras los líderes están bajo presión para dimitir.
"No pueden ser juzgados como culpables hasta que los cargos sean confirmados por el tribunal. Las llamadas a actuar contra ellos sería por tanto prejudiciales, preventivas y contrarias a la guerra de la Justicia natural", ha advertido el presidente.