El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha explicado -al concluir el Consejo Europeo en el que se ha acordado crear un mecanismo de crisis permanente y mejorar la gobernanza económica- que reforzar el euro no supone una cesión de soberanía, sino que "nos hace más soberanos y más fuertes".
Los líderes europeos han sellado un "pacto sólido para reforzar el euro", según el presidente permanente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, gracias a la aprobación de un nuevo sistema de sanciones a los países con déficit y desequilibrios excesivos, y al acuerdo para realizar una minirreforma del Tratado de Lisboa.
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, ha resaltado que con el fondo permanente se logrará "más estabilidad y reforzar la capacidad de la Eurozona frente a situaciones como la crisis de deuda soberana que hemos visto recientemente".
Merkel se impone
La canciller alemana, Angela Merkel, ha coincidido en que la moneda única saldrá reforzada tras los acuerdos de la cumbre, en primer lugar gracias al "endurecimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y las posibles sanciones que se activarán casi automáticamente".
"Creo que es importante crear una clara cultura de estabilidad en Europa. Ésa es la base para una buena cohesión en la UE. Europa nos hace fuertes, pero esta Europa necesita reglas. Debemos tener éxito y para eso hemos dado un primer paso importante", ha dicho Merkel.
La canciller ha sido la gran ganadora en este Consejo Europeo ya que ha logrado vencer la resistencia del resto de Estados miembros a la "modificación limitada" del Tratado de Lisboa para hacer permanente el fondo de rescate.
La reforma deberá tener en cuenta la exigencia de Berlín de que el sector privado asuma parte de la carga, es decir, que pueda haber reestructuraciones de la deuda pública y quiebras ordenadas de Estados miembros.
José Luis Rodríguez Zapatero ha resaltado que ve con "mucha cautela" la posibilidad de que el fondo de rescate permanente permita quiebras controladas de países para que el sector privado asuma parte de la carga.
"Estamos más cerca de los que están en una posición de mucha precaución a la hora de incorporar al sector privado", ha dicho Zapatero, que se alinea así con la opinión del presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet.
Revisión simplificada del Tratado
"Mucha cautela (porque) este mensaje, sin más, tiene riesgo. Estaremos de la parte que más cautelas va a expresar", ha subrayado el presidente del Gobierno. En todo caso, ha insistido en que la modificación del Tratado será "limitada" y que es necesaria para evitar "problemas constitucionales" en algunos de los Estados miembros, como Alemania.
Lo más probable es que -como se interpreta que el mecanismo no supone una cesión de poderes de los Estados miembros a Bruselas-, los cambios del Tratado se tramiten mediante un procedimiento simplificado que no requiere una Convención previa, como quiere el Parlamento, sino únicamente una decisión del Consejo Europeo por unanimidad. Esta reforma no exigiría probablemente referéndum en Irlanda, sino únicamente ratificación parlamentaria.
Van Rompuy y Barroso presentarán sus propuestas en diciembre y los cambios deben estar ya ratificados a mediados de 2013, cuando expira el actual mecanismo temporal.
Además, Merkel ha logrado que Van Rompuy estudie la posibilidad de suspender el derecho de voto en las decisiones de la UE a los Estados miembros reincidentes en la indisciplina fiscal, pese a que la Comisión lo considera "inaceptable" y la mayoría de países, entre ellos España, se opone.
Nuevos castigos en 2011
El plan de nuevas sanciones a los países con déficit y desequilibrios excesivos -consensuado en el grupo de trabajo de los ministros de Economía y donde se suavizan las propuestas originales de la Comisión- se tramitarán por la "vía rápida" para que se conviertan en ley y puedan empezar a aplicarse "para el verano de 2011". No obstante, estos castigos no tendrán carácter retroactivo y no se impondrán a los Estados miembros que ya están expedientados por déficit excesivo.
El nuevo sistema de sanciones "permitirá mejorar la disciplina presupuestaria, ampliar la vigilancia económica, intensificar la coordinación, y constituir un marco sólido de gestión de crisis y unas instituciones más fuertes", según se recoge en las conclusiones del Consejo.
"El resultado será un fortalecimiento sustancial del pilar económico de la UEM, que consolidará la confianza y contribuirá así al crecimiento sostenible, al empleo y a la competitividad", añaden.
Los nuevos castigos no serán casi automáticos, sino que se deja más tiempo a los países incumplidores para corregir sus problemas y se da más peso a las decisiones políticas del Ecofin (grupo que reúne a los ministros de Economía de los Veintisiete) a la hora de lanzar el expediente sancionador.
El primer ministro de Reino Unido, David Cameron, ha obtenido de sus socios una "excepción británica" que le garantiza que ni las nuevas sanciones ni el fondo de rescate afectarán a su país, según ha explicado en rueda de prensa.
Trichet pide más rigor
El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, partidario de una mayor dureza, se ha negado a suscribir la reforma y se opone además a que el mecanismo permanente incluya quiebras controladas de países.
Cuando entre en vigor la reforma, los castigos podrán lanzarse incluso antes de que se supere el umbral del 3% de déficit público previsto en el Pacto de Estabilidad. Si un país no realiza los ajustes necesarios para llegar al equilibrio presupuestario, se le obligará a bloquear un depósito generador de intereses.
Pero la decisión de iniciar un procedimiento por déficit excesivo la seguirán tomando los ministros de Economía de la UE por mayoría cualificada, con lo que podrán vetar cualquier propuesta de Bruselas y se evita la automaticidad completa de las sanciones.
Cuando se lance el expediente, el Estado miembro tendrá cinco meses para corregir la situación antes de aplicar las sanciones. También cuando sobrepase el umbral del 3% se le volverán a dar seis meses antes de pasar a la siguiente fase sancionadora, que consistirá en bloquear los intereses del depósito. El depósito se convertirá en multa si el Gobierno no adopta medidas.
Una vez activado el proceso sí aumenta el automatismo, ya que las propuestas de sanciones presentadas por Bruselas se considerarán adoptadas a menos que el Ecofin las rechace por mayoría cualificada.
Multas negociadas
El acuerdo de los ministros de Economía no concreta la cuantía de las multas, sino que las deja a una negociación posterior. El Ejecutivo comunitario había propuesto una multa del 0,2% del PIB (2.000 millones de euros en el caso de España).
Además, un país que tenga controlado el déficit, pero cuya deuda supere el 60%, podrá ser objeto de un expediente por déficit excesivo si no ha logrado rebajarla en un determinado porcentaje durante los tres últimos años. Pero el acuerdo tampoco fija el porcentaje de recorte y lo deja a un acuerdo posterior por las reticencias de países con alta deuda como Italia y Bélgica.
También habrá multas para los países con problemas de competitividad a las que inicialmente se oponía España. Pero también en este caso se diluyen las propuestas de Bruselas porque las nuevas sanciones sólo se aplicarán a los países que de manera repetida no hagan caso de las recomendaciones de la UE para, por ejemplo, acabar con una burbuja inmobiliaria.