El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado este viernes el archivo por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de una queja presentada por el presidente valenciano, Francisco Camps, contra el juez Baltasar Garzón, por no incluir en el sumario del caso Gürtel las conversaciones intervenidas que le exculpaban.
Camps se quejó ante el CGPJ, en octubre del pasado año, de que había tenido conocimiento de que alguna de las intervenciones realizadas por Garzón de las comunicaciones de los cabecillas de Gürtel con sus abogados en prisión contenían "párrafos claramente exculpatorios" de su actuación relativa a varios trajes ofrecidos por una empresa de esta trama.
Según el Gobierno valenciano, a pesar de conocer este dato, Garzón remitió las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia de Valencia excluyendo la transcripción de esa conversación en concreto.
También criticaba la decisión de Garzón de abrir una pieza separada sobre las filtraciones que hubo del caso y que encargara de la investigación "a pesar de ser uno de los sospechosos de la comisión del delito de revelación sumarial y, por esa razón, con interés directo en la causa".
El 10 de diciembre del 2009, el órgano de Gobierno de los jueces archivó la queja afirmando que su actividad inspectora debía respetar la exclusividad que sobre el ejercicio de la potestad jurisdiccional corresponde a jueces y magistrados por imperativo del artículo 117 de la Constitución.
Añadía el Consejo que su función investigadora "debe limitarse a las disfunciones burocráticas de la organización judicial y a la constatación del cumplimiento de las obligaciones profesionales que estatutariamente corresponden a jueces y magistrados en su faceta de empleados públicos".
Recurso de Camps ante el Supremo
El Gobieno valenciano recurrió este archivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
En una sentencia notificada este viernes, el alto tribunal ha avalado ahora lo realizado por el CGPJ si bien ha subrayado que la falta de entidad disciplinaria de los hechos aquí enjuiciados "no prejuzga su calificación en el ámbito del ordenamiento penal".
En este sentido, ha recordado que la realidad es que esos mismos hechos están siendo objeto de un proceso penal en el que Garzón está imputado de un delito de prevaricación y otro contra las garantías de la intimidad.
Sobre la investigación disciplinaria exigida por Camps, ha concluido que no es necesaria porque el contenido de la queja "queda fuera del control gubernativo que corresponde al Consejo y tiene su cauce en los recursos procesales".