El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ha asegurado que ha acudido a declarar al juzgado de Nules (Castellón) "a petición propia" porque no tiene "nada que ocultar", y ha explicado que no ha presentado su dimisión porque es "inocente".
Así lo ha dicho en una declaración pública antes de comparecer como imputado por cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal en el juzgado número 1 de Nules, en la que ha sido su primera aparición pública desde que a mediados de marzo abandonó temporalmente la presidencia de la Diputación por enfermedad.
Ha sido un interrogatorio de una hora y cuarto, en el que ha respondido únicamente a preguntas de su abogado y del magistrado instructor. En su declaración ha señalado que los ingresos de origen desconocido en sus cuentas se deben a movimientos entre ellas.
Unos cincuenta cargos del PP de Castellón -entre ellos diputados autonómicos, senadores y alcaldes- han arropado a Fabra, presidente provincial del partido, en su entrada al juzgado, donde también se ha concentrado un grupo de personas convocado por Esquerra Unida bajo el lema "Contra la corrupción, Justicia".
El presidente de la Diputación ha leído una declaración tras la que no ha admitido preguntas y en la que ha asegurado que ha ido a Nules a demostrar "las mentiras" que ha vertido sobre él "una persona que hoy cumple diez años de cárcel por varios delitos", en referencia al empresario Vicente Vilar, también imputado en el denominado "caso Fabra".
Acusa a los socialistas de ir a por él
Fabra ha dicho además que "el único compromiso que los socialistas han cumplido" en Castellón ha sido el que en la campaña electoral de 2004" hizo el candidato Jordi Sevilla "cuando anunció que si ganaban las elecciones" le "mandaría" a la Fiscalía Anticorrupción para investigarle.
El presidente de la Diputación ha comenzado su discurso con un agradecimiento para todos los que se han interesado por su salud, después de haberse sometido a un trasplante de hígado, y ha dado las gracias "de manera muy especial" al donante, a su familia y al equipo médico que le ha atendido ya que, ha dicho, a todos ellos les debe "estar hoy aquí".
Al final de su intervención, que ha leído y que ha sido después distribuida por sus asesores a los periodistas, ha lamentado "no poder hacer más declaraciones porque así lo ha decidido" su defensa "por respeto al proceso judicial" en el que, ha insistido, declara "a petición propia".
La acusación reclama 15 años de cárcel
Según el escrito de acusación del fiscal, quien reclama para Fabra 15 años de prisión, este medió ante cargos del Gobierno de Jose María Aznar para agilizar la concesión de licencias de productos sanitarios de la empresa Naranjax S.L, administrada por el empresario Vicente Vilar y su ex esposa -ambos imputados en el caso- y solicitó después el pago de 25 millones de pesetas por la gestión.
Anticorrupción sostiene además que entre 1999 y 2004, Fabra y su esposa, María Amparo Fernández, tuvieron ingresos que ocultaron a Hacienda y que no se corresponden ni con el patrimonio ni con la renta que declararon.
Las cantidades defraudadas en ese periodo suman más de 880.000 euros por parte del presidente de la Diputación de Castellón, y más de 580.000 por parte de su esposa.
La denuncia que originó estas diligencias fue presentada en diciembre 2003 por Vilar, quien acusó a Fabra de cobrarle por hacer gestiones ante los Ministerios de Sanidad y Agricultura para conseguir agilizar las autorizaciones de fabricación de productos fitosanitarios.
A raíz de esta acusación, Hacienda denunció a Fabra por supuestas irregularidades en la declaración de la renta del año 1999, y tras ello el juez acordó que se investigaran sus cuentas desde ese año hasta 2004.
Preguntado por la fecha en la que se podría celebrar el juicio, el fiscal ha apuntado la próxima primavera, porque ha recordado que la Audiencia Provincial todavía tiene que resolver tres recursos, uno de ellos referente a si el juicio se celebraría con jurado o bien por procedimiento abreviado; otro sobre la petición de prescripción del delito contra la Hacienda pública en los años 2000-2003; y uno más sobre el sobreseimiento del resto de delitos.