Antonio Amorós, portavoz socialista en la Diputación de Alicante, ha presentado su dimisión a raíz de las informaciones publicadas en los últimos días en las que su nombre aparece vinculado al 'caso Brugal'.
No obstante, a pesar de su dimisión, Amorós ha proclamado su "inocencia" y ha aclarado que hoy por hoy no está imputado en la causa.
"Yo en este momento no tengo ninguna comunicación de ningún juzgado que me vincule en investigaciones en las que sí está Ripoll", ha enfatizado. También ha añadido que no le han notificado una posible vinculación con la trama corrupta "ningún otro órgano o institución con competencias legales" y ha agregado que sólo reconocerá "lo que un juez decrete". Asimismo, se ha mostrado convencido de que no se abrirán diligencias judicales en su contra.
De esta manera, Amorós dejará la portavocía de los socialistas en la Diputación alicantina, que ha ostentado durante los dos últimos mandatos, pero no su acta de diputado provincial ni la de concejal en el ayuntamiento de Elche. Asimismo también seguirá como militante en el PSPV-PSOE.
Tras recordar que "todos" los imputados en la operación Brugal son políticos del PP u "otras personas vinculadas a este partido", Amorós ha señalado que deja de ser el portavoz para evitar ser "una cortina de humo con efectos muy positivos" para los populares.
Asimismo ha puntualizado que no ha tenido protagonismo en la operación Brugal debido a su "nula capacidad de decisión" en la adjudicación del plan de residuos porque está en la oposición.
También ha asegurado que nunca en los 25 años que lleva en política se ha sometido "a intereses viles o pretensiones indecentes", a pesar de que por su cargo se ha visto obligado a reunirse con políticos, empresarios y sindicatos de todos los ámbitos.
Corrupción política en Alicante
El 'caso Brugal' investiga una red de corrupción para amañar los contratos de basuras en Alicante. La investigación se inició en 2007 y en ella se investigan, entre otros, presuntos delitos de prevaricación, cohecho o tráfico de influencias.
El pasado mes de julio, tres concejales de Orihuela (Alicante), Gines Sánchez, Antonio Rodríguez Murcia, y Manuel Abadía, quedaron en libertad sin fianza en la causa aunque imputados por los delitos de fraude, cohecho, tráfico de influencias y actividades prohibidas a funcionarios.
El magistrado que instruye el llamado caso 'Brugal' por presuntas irregularidades en la contrata de los servicios de tratamiento de basuras en la Vega Baja, adoptó esta medida tras tomar declaración a los tres ediles.
También en julio, la Policía Nacional detuvo al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del PP, en el marco de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción en la Diputación y municipios de la provincia de Alicante, entre ellos Orihuela.
Ripoll, imputado en esta causa, ha defendido su "honorabilidad y transparencia" y ha calificado de "rotundamente falso" que le regalaran dos pisos, tal y como apunta un informe policial, desvelado este viernes.