El fiscal General de Colombia, Guillermo Mendoza Diago, ha planteado la posibilidad de denunciar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la presencia de miembros de las bandas armadas FARC y ELN en ese país.
"Si ya logramos establecer eso, y tenemos información de que las personas atacantes se refugian en Venezuela y las autoridades no hacen nada, y por el contrario los apoyan, pues entonces pudiéramos ya consolidar lo que va a ser la denuncia ante la CPI", ha afirmado Mendoza, después de la tumultuosa jornada de este jueves que concluyó con la ruptura de las relaciones entre ambos países.
A estas declaraciones, Mendoza ha añadido que la Corte podría llegar incluso hasta el propio presidente Hugo Chávez.
Por su parte, el vicepresidente colombiano, Francisco Santos, ha lamentado este viernes que Venezuela haya roto sus relaciones con Colombia y no lo haga con las FARC.
"Lo irónico es que el Gobierno de Venezuela rompe con Colombia y no con las FARC, que es lo que debería haber hecho", ha añadido Santos.
Únicamente se conoce que el propio Uribe ha telefoneado al embajador de Colombia ante la OEA, Luis Alfonso Hoyos, tal y como ha comentado la embajadora en Venezuela, María Luisa Chiappe.
Un día después de la polémica, el presidente colombiano Álvaro Uribe ha reunido a sus ministros, mandos militares y policías para analizar esta situación. Hasta el momento, su Gobierno no se ha pronunciado oficialmente para definir la decisión tomada por su homólogo venezolano.
Reacciones vecinas
"Es triste ver desencuentros entre hermanos", ha afirmado el secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias.
De todas maneras, a pesar de la polémica situación, Iglesias se ha mostrado muy seguro de que "el reencuentro entre ambos países tendrá lugar con buena voluntad y diálogo".
Por otro lado, Ecuador, uno de los países más cercanos a Colombia y Venezuela, ha querido dar su opinión sobre la polémica situación. Su presidente, Ricardo Patiño, ha recriminado al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, de tener responsabilidades en esta crisis internacional.
"No se debe tratar de forma irresponsable un asunto que podría poner en riesgo el mantenimiento de la paz en la región", ha afirmado Patiño.