María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primera del Gobierno, ha defendido la labor de la Policía (en la llamada 'Operación Brugal') y ha asegurado que han hecho su trabajo, por lo que ha exigido al PP que cese en sus ataques.
Para De la Vega es "increíble que tras la detención" de Ripoll desde el PP pidan "prudencia y responsabilidad" mientras que "atacan a fiscales y policías sólo por cumplir con su deber".
En este sentido, ha declarado además, que son los ciudadanos los que tienen derecho a exigir prudencia y responsabilidad a sus representantes políticos y ha subrayado que es "irresponsable e imprudente" intentar "huir hacia delante, lanzando insidias y sospechas, arremetiendo contra todo y contra todos, como hacen los dirigentes del PP".
De la Vega exige explicaciones a Rajoy
En la apertura de las jornadas interparlamentarias de los socialistas valencianos, De la Vega ha exigido al presidente del PP, Mariano Rajoy, que dé explicaciones por la situación política en la Comunidad porque, en Valencia, "ya no sabe hacia dónde mirar, si al Castellón de Fabra, al Alicante de Ripoll o a la Comunidad de Camps, para encontrar a alguien que dé la más mínima explicación y que sea capaz de asumir sus propias responsabilidades".
La vicepresidenta del Gobierno ha señalado que son necesarios "algo mejor que unos líderes bajo sospecha que jamás han dado una explicación ni han asumido una sola responsabilidad política".
De la Vega, además, ha recordado que Rajoy puso a Camps como el modelo que quiere "para toda España", pero, en su opinión, los españoles "se merecen otra cosa" y por ello, instó a los socialistas valencianos a poner en marcha un "nuevo proyecto", un proyecto que se dedique a "hacer lo que debe hacer, trabajar a favor de los ciudadanos y no en contra del Gobierno".
Caamaño:el "caso Brugal" ha contado con autorización judicial
Por su parte, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha afirmado que todas las actuaciones practicadas en el "caso Brugal" han contado con las autorizaciones judiciales pertinentes.
Tras insistir en que "estamos ante un proceso judicializado", en el que se mantiene el secreto, pero que se inició mucho antes, Caamaño ha subrayado que existe un auto de entrada y registro, que todas las actuaciones han contado con las autorizaciones judiciales correspondientes para llevarlas a cabo y que la Fiscalía ha actuado dentro de lo que determina la ley en todas sus decisiones.
El ministro ha criticado también que el PP normalmente alabe las actuaciones de la Policía, los jueces y los fiscales en casos de corrupción, salvo cuando "afectan curiosamente al Partido Popular", ante lo que ha recordado que la ley "se aplica igual" para todos.