El presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ha asegurado este lunes que "de momento no hay razones" para acatar la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo porque aún no se ha resuelto "todo" y no hay sentencia en firme.
Valcárcel ha hecho estas declaraciones a la salida de la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, al ser preguntado por la nueva Ley del Aborto que este lunes ha entrado en vigor y que permitirá abortar en las primeras 14 semanas sin que se requiera ningún tipo de justificación.
El pasado miércoles el Tribunal Constitucional admitió a trámite los recursos contra la ley presentados por el PP y el Gobierno de Navarra y abrió un plazo de tres días hábiles a partir de la notificación para que tanto las Cámaras como el Ejecutivo presentasen alegaciones a la posibilidad de suspender la entrada en vigor de la norma en tanto se resuelve acerca de su constitucionalidad.
Precisamente, la consejera de Salud del Gobierno de Navarra, María Kutz, ha asegurado este lunes que el Ejecutivo foral "cumplirá" la ley del aborto y "garantizará la prestación", aunque ha puntualizado que seguirán "realizando las interrupciones voluntarias del embarazo como hasta ahora, fuera de la Comunidad foral".
Kutz ha insistido en que "hay que regular la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios" y a este respecto, la consejera ha indicado que ha escrito a la agencia de protección de datos y a la Defensora del Pueblo de Madrid para plantear "una serie de cuestiones" relacionadas con esta regulación "que tienen que ser aclaradas".
El presidente murciano ha explicado que el PP ha mantenido su "criterio" en este tema y ha expresado su confianza en que prospere.
"Seguiremos buscando las vías jurídicas, en ellas estamos, y cuando se haya resuelto todo, ya veremos a ver qué es lo que se hace. De momento no hay razones para acatarlo", ha aseverado Valcárcel recordando que aún no hay una decisión definitiva sobre el recurso que presentó su partido.
PSOE de Murcia, preocupado por la llamada a la insumisión
El secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura, ha mostrado su preocupación por lo que ellos consideran una llamada "a la insumisión y al incumplimiento de determinadas leyes".
Saura ha dicho que Valcárcel está actuando de manera arbitraria ya que "acata y hace cumplir sólo algunas leyes, las que le interesan y las que su gobierno elabora, pero otras no".
Al líder de los socialistas murcianos le preocupa también que lo diga el presidente de una Región que se sitúa a la cabeza de España en número de interrupciones voluntarias del embarazo, como es el caso de Murcia.
Asimismo ha criticado la doble moral del PP, que ahora llama a la desobediencia con una ley que no derogaron cuando ellos estuvieron gobernando, al tiempo que reprochó la demagogia de Valcárcel por adoptar esta postura cuando es el máximo responsable de que se desmantelara la red de Planificación Familiar que existía en la Región.
En la Comunidad de Madrid, el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, ha dicho que se "protegerá, en todo momento, el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios".
Por otra parte, Ginecólogos por el Derecho a Vivir ha denunciado que no se está cumpliendo con la ley de informar a las mujeres de todas las alternativas y ayudas para evitar el aborto.
La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, María Kutz, ha afirmado este lunes que el Ejecutivo foral "cumplirá" la ley del aborto y "garantizará la prestación".
No obstante, ha añadido que seguirán "realizando las interrupciones voluntarias del embarazo como hasta ahora, fuera de la Comunidad foral".
El Gobierno de Navarra ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad a la ley del aborto por "invasión de competencias autonómicas, situaciones de imposibilidad de organizar la prestación sanitaria, o quiebra del carácter integral del Sistema Nacional de Salud".
Kutz ha insistido en que "hay que regular la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios" y a este respecto, la consejera ha indicado que ha escrito a la agencia de protección de datos y a la Defensora del Pueblo de Madrid para plantear "una serie de cuestiones" relacionadas con esta regulación "que tienen que ser aclaradas".