La Comisión Constitucional del Congreso ha aprobado un dictamen para seguir arrinconando a Batasuna o cualquier partido ilegalizado y que va más allá de la actual Ley de Partidos, al plantear una "incompatibilidad sobrevenida" que podría llevar a la retirada del acta a un cargo público ya electo.
Con los votos mayoritarios de PSOE, PP y CC, la Comisión Constitucional ha dado el visto bueno al informe de la subcomisión que durante un año y medio se ha encargado de estudiar una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que ahora debe plasmarse en una iniciativa legislativa.
Se plantea en esta reforma la posibilidad de anular una lista de un partido legal por dar cobijo a candidatos ligados a la izquierda abertzale radical y se introduce una nueva figura de "incompatibilidad sobrevenida" para cargos electos en ayuntamientos, diputaciones o Cortes Generales.
Renunciar al cargo o condenar el terrorismo
En esa coyuntura, los afectados deberán optar entre la renuncia a su cargo o "el abandono de la situación que dé origen a la referida incompatibilidad", lo que significa que tendrían que condenar de nuevo el terrorismo.
Frente a los intereses electoralistas que el PNV ve detrás de este endurecimiento de la ley, el PSOE y el PP han justificado estos cambios por "necesidad social imperiosa en defensa del sistema democrático".
También se ampliará el plazo para anular listas "contaminadas", de modo que la Fiscalía o el Abogado del Estado podrán presentar recursos contra una candidatura hasta una semana antes de la jornada de los comicios, cuando con la ley actual no se puede hacer después del comienzo oficial de la campaña electoral.