El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, considera que la Constitución de su país está "muy pasada y habla mucho de los trabajadores pero casi nunca de las empresas y de los mercados".
Por ello, considera necesario actualizar la Carta Magna a través de la revisión de su artículo 41, que regula la actividad económica y su orientación hacia fines sociales.
También ha arremetido este miércoles contra la "estructura institucional" de su país que, según considera, convierte en un "infierno" gobernar y transformar los diferentes proyectos en leyes concretas.
Berlusconi ha realizado estas declaraciones en Roma durante su intervención en la asamblea de la patronal artesana Confartigianato, en la que consideró además que el Estado se ha desarrollado de "forma excesiva".
Berlusconi y la "política del cu-cú"
Otros de los aspectos que el mandatario ha subrayado es que en Italia "no existe sólo una opresión judicial y fiscal, sino también burocrática" y que, por ello, la desconfianza hacia los empresarios nace de la "cultura comunista que, desde los años setenta ha sido predominante y mira con recelo a los empresarios".
"Para la cultura comunista quien hace empresas es un estafador, un evasor o un explotador por definición", ha argumentado.
Frente a todo esto, Berlusconi ha subrayado que Italia jamás ha contado tanto a nivel internacional como ahora, algo que el atribuye a lo que llamó la "política del 'cu-cú'", en alusión a la broma que hizo en 2008 durante una cumbre bilateral Alemania-Italia al exclamar "cu-cú" al paso de la comitiva asustando a la canciller alemana, Angela Merkel.
"La política del "cu-cú" es una política de amistad hacia los otros líderes políticos, a los que puedes pedir lo que quieres y puedes hacerlo con una llamada telefónica", dijo.
Berlusconi también ha aprovechado para defender el controvertido proyecto de ley conocido como "ley mordaza", que contempla severas multas y castigos para aquellos periodistas y editores que publiquen escuchas telefónicas de investigaciones policiales o judiciales.
Una propuesta que ha recibido duras críticas del mundo de la prensa y de la oposición y que hoy está previsto que llegue al Senado para su debate.
"Tan sólo un pequeño grupo de presión de magistrados y periodistas es contrario a la ley sobre las escuchas, la mayor parte de Italia está cansada de no poder utilizar el teléfono por temor de ser espiado", ha defendido.