La Sección de Investigación de la Seguridad Social ha destapado un fraude a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal en Granada por importe de tres millones de euros, según ha informado el Ministerio de Trabajo e Inmigración, que ha detallado que en la operación han sido detenidas 83 personas, aunque 77 de ellas ya están en libertad con cargos.
El Juzgado de Instrucción 3 de Granada ha decretado prisión incondicional para el supuesto responsable principal del fraude de tres millones a la Seguridad Social y al servicio público de empleo por estafa contra la Seguridad Social y la Hacienda Pública y falsedad documental.
Las otras cinco personas restantes han quedado en libertad con cargos, por los mismos delitos, relacionados con la obtención irregular de prestaciones y subsidios de desempleo, ya que los implicados figuraban como trabajadores en empresas con escasa o nula actividad laboral.
Según han informado fuentes del caso, los puestos este viernes a disposición judicial, entre los que figuran tres mujeres, son los titulares o administradores de las al menos cuatro empresas de la construcción, supuestamente ficticias, que participaron en el fraude, y la mayoría tiene relación de parentesco entre sí.
Acusaciones cruzadas
En su declaración ante el juez, el presunto cabecilla del entramado, E.S.R., ha manifestado que todas las empresas tenían actividad real, aunque se ha remitido a sus libros de contabilidad para poder concretar cuestiones como el número de trabajadores que emplearon cada una de las empresas o el tiempo que permanecieron.
Según las fuentes, uno de los cinco imputados que previamente prestó declaración y que figura como el titular de la principal empresa investigada acusó al presunto cabecilla, con el que no tiene vínculo familiar, de haberle utilizado porque, según su testimonio, le hizo firmar unos documentos para constituir la sociedad sin tener conocimiento de su contenido, lo que E.S.R. ha negado ante el juez.
Según consta en el atestado policial, que da cuenta de la existencia de al menos cuatro empresas, la creación de algunas de ellas se remonta a 1998, aunque el presunto fraude comenzó en 2005, según las fuentes.
La investigación se inició tras detectarse la existencia de empresas que daban de alta en la Seguridad Social a un elevado número de trabajadores al mismo tiempo e incumplían reiteradamente la obligación de cotizar por los seguros sociales de los mismos.
Durante la investigación se comprobó la escasa o nula actividad laboral de estas empresas, en las que figuraban como responsables personas sin solvencia y que no intervenían en la dirección de las mismas, ocultándose así la identidad del empresario real.
Las personas dadas de alta en estas empresas, que según las fuentes presuntamente pagaban a los empresarios una determinada cantidad por hacerles el contrato y darles de alta en la Seguridad Social, solicitaban y obtenían por la supuesta actividad laboral prestaciones y subsidios por desempleo tras permanecer en alta los mínimos periodos legalmente exigidos.
En concreto, de los 175 trabajadores dados de alta en estas empresas, 142 percibieron prestaciones y subsidios por desempleo.
Según las fuentes, se da la circunstancia de que algunos de esos trabajadores ya fueron imputados en la denominada Operación Genil, un fraude de iguales características destapado hace un año en Granada con la implicación de más de un millar de personas. Al igual que en aquella operación, la mayoría de los trabajadores procedían de la zona Norte de Granada.