La Generalitat acreditará la integración de inmigrantes residentes en Cataluña -también los irregulares- para que puedan acceder a la nacionalidad por residencia tras la aprobación por el Parlament de una norma que desarrolla la reformada Ley de Extranjería y que contempla que deberán hacer un curso con formación básica en catalán, entre otras materias.
La Ley de Acogida de las personas inmigradas y retornadas a Cataluña, que establece el catalán como lengua común, ha salido adelante con los votos de los firmantes del Pacto Nacional por la Inmigración, PSC, ERC, ICV y CiU.
Así, Cataluña se convierte en la primera autonomía en regular las nuevas competencias de la Ley de Extranjería, reformada en diciembre de 2009, con la primera ley autonómica sobre acogida de inmigrantes.
Los inmigrantes obtendrán una certificación oficial tras cursar un itinerario formativo de primera acogida, con formación básica de catalán, sobre el mercado laboral y el entorno social. Este itinerario acreditará la integración para los trámites de arraigo social, renovación de las autorizaciones de residencia temporal, de acceso a la nacionalidad por residencia, así como al mercado de trabajo.
Los retos de la inmigración
En la defensa de la norma en el Parlamento catalán, la consellera de Acción Social y Ciudadanía, Carme Capdevila, ha admitido que la inmigración supone retos -"no esconderemos las fricciones", ha dicho- y ha confiado en que la ley promoverá el equilibrio entre diversidad y cohesión social.
"Si no calificamos a las personas no saldremos de la crisis", ha añadido el secretario de Inmigración de la Generalitat catalana, Oriol Amorós, y ha explicado que la formación incluye 135 horas de catalán, 20 horas sobre conocimiento de la sociedad y el marco jurídico, y diez sobre inserción laboral. Los extranjeros accederán a los cursos tras una entrevista personal con un agente de acogida que dominará su idioma.
La ley, que supondrá una inversión de 22 millones de euros en 2011, se propone crear así un servicio de primera acogida a través de entes locales y centros de trabajo que sea universal y homogéneo, y que mejore la autonomía de todos los inmigrantes empadronados en Cataluña o que procedan del reagrupamiento familiar-en tal caso se ofrecerá el servicio en el país de origen-.
"Queremos asegurarnos de que los inmigrantes que solicitan el arraigo social conocen el país, porque no se van a marchar", ha argumentado Amorós al preguntársele por la cobertura que la ley ofrece a las personas que están de manera irregular en España.
Cataluña cuenta con 76.117 inmigrantes extracomunitarios en situación irregular, un 43,2% menos que en 2009, según datos provisionales de la Secretaria de Inmigración a 1 de enero de 2010. Tiene 1.189.279 inmigrantes empadronados -875.912 extracomunitarios y un 6,4% en situación irregular- frente a los 257.354 en 2001.