El Ayuntamiento de Valencia ha asegurado este martes que las 31 viviendas del barrio del Cabanyal afectadas por las 18 licencias de derribo aprobadas por la comisión municipal de Urbanismo carecen de cualquier tipo de protección patrimonial.
Esta información contrasta con las declaraciones realizadas por la plataforma vecinal Salvem el Cabanyal. El pasado lunes, la asociación de vecinos Cabanyal-Canyamelar manifestó mediante un comunicado que, a día de hoy, "las licencias de derribo concedidas resultarían ilegales, dado que la inmensa mayoría de los edificios que pretende derribar el Ayuntamiento se encuentran incluidos en el catálogo de edificios protegidos del Plan General de 1988, que es el que marca la legalidad urbanística una vez suspendido el PEPRI".
La organización manifestó esto tras conocer que el ayuntamiento había aprobado 31 nuevos derribos en el barrio.
Las 31 nuevas licencias
En un comunicado, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau, ha afirmado que "en las licencias administrativas de derribo otorgadas el lunes en la comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, ninguna de las casas cuenta con protección".
Para Salvem, estas licencias son "ilegales", pues la inmensa mayoría de los edificios que se pretende derribar se encuentran incluidos en el catálogo de edificios protegidos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1988, que es el que marca la legalidad urbanística una vez suspendido el PEPRI.
Según han explicado, en el caso de aquellos edificios que no cuenten con ninguna protección, la concesión de la licencia de derribo debería ir acompañada del proyecto de la edificación sustitutoria, con el objeto de no generar nuevos solares, tal y como marca la Ley de Patrimonio Valenciana