La comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado este lunes, con los votos a favor del PP y en contra del PSPV-PSOE, 18 expedientes de derribo que afectan a 31 viviendas del barrio del Cabanyal, según ha informado el concejal socialista Vicente González Móstoles.
Los últimos derribos en el barrio del Cabanyal se produjeron entre el pasado 6 de abril -día que entró en vigor la ley autonómica que autoriza todas las actuaciones del Plan del barrio del Cabanyal de Valencia, como los derribos para prolongar la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar- y el 8 de abril.
El edil ha recordado que el Tribunal Constitucional admitió a trámite el pasado 19 de abril el recurso promovido por el Gobierno contra esa ley autonómica, con lo que la norma que rige en estos momentos es la orden ministerial que ordenaba la paralización del PEPRI por considerar hay expolio.
La mayoría de los derribos aprobados este lunes se refieren a viviendas comprendidas en el entorno de las calles San Pedro y Luis Despuig, según ha explicado en rueda de prensa el concejal socialista.
Reacción vecinal
Por su parte, la asociación de vecinos Cabanyal-Canyamelar ha manifestado mediante un comunicado que, a día de hoy, "las licencias de derribo concedidas resultarían ilegales, dado que la inmensa mayoría de los edificios que pretende derribar el Ayuntamiento se encuentran incluidos en el catálogo de edificios protegidos del Plan General de 1988, que es el que marca la legalidad urbanística una vez suspendido el PEPRI".
La asociación señala también que el "ensañamiento" del equipo de gobierno contra el Cabanyal "parece no tener límites".
Recuerdan que la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad contra esa ley autonómica imposibilita al ayuntamiento a conceder nuevas licencias de rehabilitación. "Sin embargo, se autoconceden 31 licencias de derribo, de edificios que, en muchos casos, ni siquiera son de propiedad municipal".
Asimismo, explican que en el caso de aquellos edificios que no cuenten con ninguna protección, la concesión de la licencia de derribo "debería ir acompañada del proyecto de la edificación sustitutoria, con el objeto de no generar nuevos solares, tal y como marca la Ley de Patrimonio Valenciana".
La asociación vecinal ha apuntado además que "carece de sentido el intentar proseguir por esta senda de enfrentamiento con los vecinos y ahora con el Gobierno de España. Algo que ocurre precisamente en un momento en que el Ejecutivo estatal anuncia "la apertura de un proceso negociador"
Recuerdan que incluso desde distintos sectores empresariales relacionados con el turismo y la hostelería se apuntan posibles soluciones para poner en valor el barrio aprovechando los valores que le reconoce su declaración como Conjunto Histórico Protegido.