El secretario de Defensa de EE.UU., Robert Gates, ha desvelado los cambios que adoptará el Ejército de forma inmediata para garantizar los derechos de los militares homosexuales. Las medidas han sido aprobadas de forma unánime y son provisionales, en tanto el Congreso estudia revocar la ley que permite la expulsión de los gays.
En la actualidad, los soldados están obligados a mantener en secreto su orientación sexual. Es la política del "don't ask, don't tell", no preguntes, no lo cuentes. El problema estaba en los abusos. Se trata de introducir "sentido común y decencia" en su aplicación, como ha señalado Gates.
El responsable del Pentágono ha detallado que ya no se investigará los supuestos incumplimientos a partir de denuncias anónimas; tendrán que ser declaraciones juradas.
También se eleva el rango de los encargados de la investigación y los requisitos para considerar la información "creíble". Además, se refuerzan las garantías para evitar las expulsiones de homosexuales cuya orientación haya sido desvelada por terceros, en contra de la voluntad del interesado.
Cambio de política
Es un primer paso para integrar plenamente a los gays, lesbianas y bisexuales en el Ejército. Es la respuesta a la petición expresa que hizo Obama en el pasado discurso sobre el estado de la Unión: "Trabajaré este año con el Congreso y los militares para revocar la ley que niega a los homosexuales su derecho a servir al país que aman por ser cómo son".
Los Jefes de Estado Mayor escucharon con cara de póquer la petición de su Comandante en Jefe. Al menos uno de ellos, el general James Conway, responsable de los marines, se ha opuesto abiertamente.
Una ley de 1993 que va a menos
La política discriminatoria contra los homosexuales fue implementada por el presidente Bill Clinton en 1993. Prohibe servir en las Fuerzas Armadas a aquellas personas que revelen abiertamente su homosexualidad e impide al mismo tiempo que los militares les interroguen sobre esta cuestión.
Desde entonces, más de 13.500 personas han sido expulsadas del Ejército. El año pasado, se registró el número más bajo, 428. Un tercio de los 1.227 dados de baja en 2001. El diputado demócrata, Jim Moran, cree que en tiempos de guerra, la política se sigue con menos rigor.
Lo cierto es que la transición será lenta. Según una encuesta de la CNN, el 48% de los estadounidenses se oponen a revocar la ley. Además, si el Congreso decidiera hacerlo, hay que solventar cuestiones prácticas. Desde la pensión a las parejas hasta la hipotética segregación en los barracones o las duchas. De ahí que Gates haya anunciado un grupo de trabajo que presentará sus conclusiones en un año.