El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón interroga este miércoles a tres de los policías que investigaron el "chivatazo" que en 2006 supuestamente alertó a ETA sobre una operación policial contra su red de extorsión, reactivando así las pesquisas sobre la filtración más de tres años y medio después de producida ésta.
Las declaraciones tienen lugar después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia ordenara a Garzón "agotar" la investigación al estimar que si la filtración partió de las Fuerzas de Seguridad los hechos "adquieren una gravedad sin precedentes en la historia de la lucha contra el terrorismo en España".
Esos hechos se remontan al 4 de mayo de 2006, cuando una persona advirtió al propietario del bar Faisán de Irún (Guipúzcoa), Joseba Elosua, de que podía ser arrestado ese mismo día en el curso de una operación contra el aparato de extorsión de ETA ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, que sustituía entonces en el Juzgado de Instrucción número 5 a Baltasar Garzón.
El "chivatazo" retrasó hasta el 20 de junio las detenciones en España y Francia de Elosua y de una decena de personas acusadas de gestionar y recaudar el llamado "impuesto revolucionario".
La Fiscalía pidió el archivo de la causa en octubre de 2009
El 24 de junio Grande-Marlaska ordenó el ingreso en prisión del propietario del bar Faisán, que durante su declaración aseguró que el 4 de mayo una persona le había abordado a la puerta de su casa y le había entregado un teléfono móvil a través del que recibió la llamada de un tercero que le alertó de la operación policial.
Grande-Marlaska abrió una pieza secreta para investigar la filtración y el 12 de julio, con Garzón ya incorporado al Juzgado tras su estancia en Nueva York, este juez mostró a Elosua una serie de fotografías de policías para que tratara de identificar a quien le había entregado el móvil, pero no reconoció a nadie.
La investigación continuó tres años más, durante los que se llevaron a cabo intervenciones telefónicas, se tomó declaración a decenas de testigos y se interrogó como imputados a varios mandos policiales, incluido el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo, pero no arrojó resultados concluyentes y el 5 de octubre de 2009 la Fiscalía pidió a Garzón que la archivara.
Dudas sobre el contenido de las conversaciones
Según el fiscal, el análisis de las llamadas del 3 y el 4 de mayo de 2006 avalaba una hipótesis incriminatoria basada en la "concatenación" de contactos telefónicos entre la responsable de la Sección de Análisis de la Brigada de Información de San Sebastián, el jefe superior de Policía del País Vasco, el director general de la Policía y un inspector de la Brigada de Información de Álava.
De ellas, la más importante es la que se produjo poco después de las once de la mañana del 4 de mayo, "de la que son interlocutores el jefe superior de Policía del País Vasco (llamante) y el inspector de Vitoria (llamado)".
Los investigadores relacionaron esa llamada con otra -grabada por la Policía- en la que Elosua contaba a su yerno que una persona le había advertido en su bar de que le seguían y concluyeron que "es en esa llamada del jefe superior de Policía al inspector cuando éste le pasa el teléfono a Elosua y el jefe superior comunica a este último la existencia de un dispositivo de seguimiento".
Garzón reabre la investigación a petición de la Sala de lo Penal
La Fiscalía concluyó, sin embargo, que no había ningún "elemento adicional de prueba" que corroborara que el contenido de la conversación fue ése y no otro.
A la petición de archivo se opuso la asociación Dignidad y Justicia, que solicitó a Garzón que practicara más pruebas y consiguió que éste accediera a la práctica de un análisis pericial de la cinta de vídeo que la Policía grabó en el bar Faisán el día que se produjo el "chivatazo", ya que la grabación tenía dos cortes.
Garzón, sin embargo, denegó el resto de las pruebas propuestas y la asociación recurrió a la Sala de lo Penal, que el pasado lunes ordenó al juez que practicara algunas de ellas.