La defensa de Roberto Flórez, el ex agente del CNI acusado de un delito de traición, ha asegurado, antes de que comenzara el juicio, que "nunca" hubo intento de ofrecimiento de documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a Rusia a cambio de percibir 200.000 dólares como contraprestación a su intercambio.
A las puertas de la Audiencia de Madrid, el abogado Manuel Ollé, ha insistido en que su cliente siempre ha defendido su inocencia a lo largo de las declaraciones que se le han ido tomando durante la instrucción, por lo que ha anunciado que pedirá su libre absolución.
"No hay ni un sólo elemento que lo diga", ha señalado el abogado al ser preguntado por la posibilidad de que se pueda comprobar en la lista oral el hecho que de que su cliente haya percibido los 200.000 dólares.
Respecto a las cartas incautadas por la Policía que acreditan que ofreció documentos del CNI, el letrado ha reconocido que "esas cartas están", pero ha apuntado que su cliente ofrecerá en la lista oral una explicación sobre por qué estaban en su domicilio. Además, ha añadido que el acusado se encuentra "muy bien, tranquilo y con ganas de que se celebre el juicio".
El primer juicio por traición en democracia
Roberto Flórez García se sienta este lunes en el banquillo por un delito de traición por revelar presuntamente a Rusia entre 2001 y 2004 identidades de agentes e información sobre la organización a cambio de compensaciones económicas.
Será el primer juicio que se celebrará en España en democracia por un delito de traición, recogido en el artículo 584 del Código Penal. El único antecedente sobre un tema similar se encuentra en el caso del ex coronel Juan Alberto Perote por las escuchas del CESID, al que se juzgó por un delito de utilización de artificios técnicos de escucha y grabación del sonido.
En la fase de cuestiones previas, la Sala escuchará la petición de la Abogacía del Estado de celebrar el juicio a puerta cerrada por la transcendencia de los hechos que se juzgan, que afectan a la seguridad del Estado. Tras ello, dictará un auto motivado en el que resolverá la solicitud.
La Fiscalía de Madrid solicita 12 años de prisión para el procesado por un delito de traición, la misma que el abogado del Estado, aunque éste subsidiariamente reclama una pena de cárcel de cuatro años por un delito de revelación y descubrimiento de secretos y información relativa a la defensa nacional.