La juez que instruye el incendio de Guadalajara, en el que murieron 11 miembros de un retén en 2005, ha anulado la imputación de 20 personas, entre ellos ex altos cargos y funcionarios de la Junta de Castilla-La Mancha, como la ex consejera de Medio Ambiente.
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Sigüenza, María del Mar Lorenzo Calvo, ha dictado un auto en el transforma el actual procedimiento abreviado en sumario ordinario, dando así la razón al Ministerio Fiscal.
Contra el auto cabe recurso, pero si se hace firme, el juicio se celebrará en la Audiencia Provincial y no en el Juzgado de lo Penal, como pedía la acusación particular.
En el nuevo auto, se dan por válidos los trámites judiciales realizados hasta el momento, excepto los autos del 20 de mayo, en el que se imputó a los 20 personas, y el del 22 de junio de 2009, en el que ratificaba la decisión.
Entre los imputados estaban la ex consejera de Medio Ambiente, Rosario Arévalo; el ex director general de Política Forestal, José Ignacio Nicolás; el ex delegado de Medio Ambiente en Guadalajara, Sergio David González; el alcalde de La Riba de Saelices, José Luis Samper; así como el que fuera responsable del Parque Natural del Alto tajo, Rafael Ruiz López, técnicos y funcionarios de la Junta; el presunto autor de la barbacoa que originó el fuego, Marcelino Herce; y los que supuestamente se encontraban vigilándola, Juan José Jiménez e Iasson Klados.
Técnicos de la Junta imputados
Entre los técnicos de la Junta, el auto ahora invalidado imputaba a Carlos Damián Muñoz, técnico del teléfono de emergencias 112; Antonio Solís, jefe de coordinación provincial de incendios; así como Miguel Genaro Aguilar Antonio Pallarés, José María Gaitán, Angel Millán y Alfredo Luis Chavarría.
Entre el resto de imputados estaban el secretario del Ayuntamiento de La Riba de Saelices, José Luis Huarte; el ex alcalde de este municipio, Hipólito Sebastián Ballesteros; el responsable de una empresa de extinción de incendios, Joaquín Baumela; y el responsable de Helisureste, Luis Miñano.
En sus razonamientos jurídicos la jueza subraya que la solicitud de transformación solicitada por el Ministerio fiscal nunca ha sido denegada, y recuerda que el pasado mes de octubre la Audiencia Provincial de Guadalajara dictó un auto resolviendo que este recurso de apelación debía ser resuelto por el juzgado instructor, esto es, el de Sigüenza.
La juez utiliza diversa jurisprudencia para establecer después que en el momento del citado auto de fecha 20 de mayo resultaba "procedente" la continuación de la causa por procedimiento abreviado al ser este el cauce procesal en que se había enmarcado el procedimiento durante los casi cuatro años que duraba la instrucción.
Sin embargo, explica que ante la calificación de los hechos realizada por el Ministerio Público, "procede" la aplicación de jurisprudencia por el que la instrucción debe seguir el cauce adecuado "que no es otro que el previsto legalmente en función de la posible calificación jurídica de los hechos".
Según apunta, esta decisión está encaminada a conseguir que la calificación judicial deba contemplar además las calificaciones posibles "atendiendo siempre a la más grave, en orden no sólo a permitir que las acusaciones formulen esa acusación, sino también a seguir el proceso adecuado como mejor garantía de los derechos del imputado, evitándose en lo posible que puedan producirse tales acusaciones de mayor gravedad tras la celebración de las pruebas en el acto del juicio oral".
Por todo ello, y en atención al auto de la Audiencia del mes de octubre, "de estimarse que el procedimiento adecuado es el sumario ordinario, los autos de 20 de mayo de 2009 y 22 de junio de 2009, que resultan extraños a dicha sede procedimental, devendrían ineficaces y por ende quedarían carentes de objeto los recursos de apelación que penden ante dicha sala".
En la última resolución de la juez, se indica que los implicados en el sumario --Ministerio Fiscal, imputados y demás partes personadas-- podrán interponer recurso de reforma en el plazo de tres días desde su notificación y recurso de apelación para la Audiencia Provincial de Guadalajara dentro de los cinco días siguientes a su notificación.