El Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, que incluye algunas novedades como la prohibición de pornografía o violencia gratuita en abierto. La ley ha sido definida por Fernández De la Vega como "necesaria, deseada, liberalizadora e imprescindible para el sector".
Además, este texto crea el Consejo Estatal de Medios Audiovisual, un órgano sancionador y regulador del sector que velará por la participación ciudadana. Será el Gobierno quien decida a quién se le concende las licencias audiovisuales, previo informe de este consejo.
Los miembros de este consejo será elegidos por mayoría de 3/5 en votación en el pleno del Congreso de los Diputados. Los contenidos que puedan considerarse lesivos para el desarrollo de los menores, sólo podrán emitirse, precedidos de señales acústicas y visuales, entre las 22:00 y las 06:00 horas.
Se podrán arrendar licencias
Del mismo modo, los programas dedicados a juegos de azar y apuestas, ya sea en abierto o en codificado, sólo podrán emitirse entre la 1:00 y las 5:00 horas.
El Proyecto de Ley refuerza la seguridad jurídica de las concesiones, ampliando a 15 años el período de concesión de licencia, y establece la renovación automática si se cumplen determinados requisitos.
El Proyecto de Ley reconoce la posibilidad de arrendar o ceder licencias en determinadas condiciones.
La futura Ley, que iniciará ahora el trámite parlamentario, establece que los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisiva de cobertura estatal o autonómica deberán contribuir anualmente a la financiación de la producción cinematográficas, películas para televisión y series para televisión, así como documentales y productos de animación, con el 5% de los ingresos devengados.
Para las televisiones públicas de cobertura estatal o autonómica esta obligación será del 6%, dedicado íntegramente a la producción europea de películas cinematográficas.
No habrá publicidad encubierta en las series
Como mínimo, el 60% de esta obligación de financiación deberá dedicarse a películas cinematográficas. De este importe, al menos el 50 por 100 deberá aplicarse a obras de productores independientes.
Otro punto polémico en los últimos años en el sector también es tocado por el proyecto: la exclusividad en los derechos de eventos como el fútbol. Así, el texto protege el derecho a la información de todos los ciudadanos como "derecho prioritario" y fija límites a la exclusividad en función de criterios de interés general.
Además, los anunciantes no podrán vender sus productos dentro de series o programas infantiles, lo que se conoce como "emplazamiento de producto".