El presidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti, ha afirmado este lunes que los responsables de haber sacado del país al depuesto gobernante, Manuel Zelaya, a quienes no ha identificado, serán llevados ante la justicia y "castigados".
Micheletti ha reiterado que "se cometió un error" al enviar a Zelaya a Costa Rica después de su derrocamiento, el 28 de junio, porque la Constitución hondureña "protege la presencia de los hondureños, sin extradición, en el país".
"Definitivamente es una decisión que tomaron algunos sectores y van a ser castigados de conformidad con la ley", ha indicado en rueda de prensa junto a la legisladora republicana estadounidense Ileana Ros-Lehtinen, quien ha llegado este lunes a Honduras para apoyar al Gobierno de facto.
En una entrevista a la revista brasileña Veja, que comenzó a circular el domingo, Micheletti ha declarado que a Zelaya "los militares deberían haberlo llevado a los tribunales, pero decidieron sacarlo del país para evitar un derramamiento de sangre". "Por eso decidieron llevarlo a Costa Rica; (en Honduras) no habría una prisión segura para él", ha dicho.
Levanta el estado de sitio
Micheletti ha cedido además a la presión nacional e internacional al levantar este lunes el decreto que limita las garantías constitucionales en el país.
"Hemos derogado en Consejo de Ministros el decreto", ha declarado Micheletti en rueda de prensa en la Casa Presidencial, acompañado de varios de sus más cercanos colaboradores y de lRos-Lehtinen.
Micheletti ha recalcado que "todo el decreto, queda derogado completamente", y "¡qué más grato¡" que hacerlo ante Ileana Ros-Lehtinen. "Igual que como tomamos la determinación para establecerlo, igual haremos para derogarlo", ha dicho a canales de la televisión local.
Abierto al diálogo y a unos comicios transparentes
"Si hay elecciones transparentes en el país y si elegimos a un nuevo presidente, podemos hablar sin importar el escenario ni la solución", ha respondido en una entrevista en la cadena local Canal 5 en respuesta a la posibilidad de un retorno al poder de Zelaya.
"Pensamos que la patria es la primera razón que se debe asentar en una mesa de diálogo, el retorno al poder es una aspiración del señor Zelaya que se debe escuchar desde un punto de vista más amplio, desde el punto de vista legal", ha añadido.
La vuelta al poder de Zelaya había sido hasta el momento tema tabú para el gobierno de facto, que se había negado en rotundo a esta posibilidad, planteada por el mediador del conflicto, Óscar Arias, en el llamado Acuerdo de San José, que planteaba que Zelaya fuese restituido con poderes limitados hasta enero, cuando se celebrarían elecciones presidenciales a las que no podría presentarse.
Este movimiento, junto con el levantamiento del estado de sitio -que ha sido muy criticado tanto nacional como internacionalmente- supone un gesto del presidente depuesto para iniciar una negociación con Zelaya antes de la llegada de la misión de la Organización de Estados Americados (OEA) este miércoles. En la misión estarán, entre otros, José Miguel Insulza, el secretario de Estado español para Iberioamérica, Juan Pablo de Laiglesia, y la canciller de México, Patricia Espinosa. Decisión criticada
El decreto, que ha sido criticado por la comunidad internacional y los propios partidarios de Micheletti, suspendía durante 45 días las garantías constitucionales en lo que se ha visto como una amenaza directa a la prensa, ya que los golpistas se reservaban la potestad de cerrar los medios de comunicación críticos y extendían la prohibición de manifestarse a los partidarios de Zelaya. También se autorizan las detenciones sin orden judicial.
La medida -aprobada el 22 de septiembre en consejo de ministros y publicada el sábado en La Gaceta oficial con la firma de Micheletti- ordenaba el cierre de medios de comunicación que induzcan a la "insurrección" o simplemente "ofendan la dignidad humana o a los funcionarios públicos".
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras ya pidió el pasado miércoles a Micheletti que derogase el estado de sitio, sumándose a la demanda planteada ya por el Parlamento, los candidatos presidenciales y otros sectores.