La Oficina de Inmigración británica ha declarado que la investigación ha revelado que Scotland se había hecho con los servicios de la trabajadora ilegal sin ser consciente de ello y que tomó los pasos correctos para comprobar los documentos que le entregó la mujer como prueba de su derecho a trabajar en Gran Bretaña.
"Sin embargo, la ley exige que los patrones conserven una copia de los documentos que prueban el derecho a trabajar en el Reino Unido", ha informado esta Oficina; y éste no es el caso de la Fiscal General, quien no disponía de las fotocopias de los papeles que recibió de Tongan Loloahi Tapui, de 27 años, hace seis meses, cuando empezó a contar con sus servicios.
Patricia Scotland, de 54 años, ha pedido perdón por su error. "Acepto completamente (...) que he cometido una infracción técnica de las normas y pido perdón por haber cometido este error involuntario", ha declarado en un comunicado.
Lady Scotland ha pedido también disculpas a través de un vídeo que publica este martes el diario británico Times Online, en el que la baronesa explica que creyó "absolutamente" que Loloahi Tapui tenía "derecho a trabajar en el Reino Unido". "Lo comprobé todo (...) y pensé que era una mujer muy agradable. Obviamente, he cometido una serie de equivocaciones al juzgarla en base a su carácter", ha añadido.
La Fiscal General, que ya ha pagado la multa establecida, ha declarado en un cierto tono irónico que la polémica se resume a que ha cometido "el error de no hacer una fotocopia".
Brown no logra calmar los ánimos
El primer ministro, Gordon Brown, ha dicho al respecto que ya han sido tomadas las medidas oportunas: la Fiscal General ha despedido a la trabajadora después de conocer su situación ilegal. No obstante, Brown ha desoído las quejas de los partidos de la oposición, que han exigido la dimisión inmediata de Scotland.
"Después de lo ocurrido, no entendemos cómo la baronesa Scotland puede mantener su credibilidad", ha declarado Chris Grayling, portavoz del partido Conservador. "Ella fue quien promovió esta ley (...) y no tiene excusas para infringirla", ha añadido Grayling en referencia a la ley que castiga con 10.000 libras a quien contrate a trabajadores ilegales, y que se aprobó cuando la actual Fiscal General era ministra del Interior.