La consejería de interior, responsable de este servicio, ha abierto un expediente al menos cuatro agresores.
Dicen desde la Fiscalia de Madrid, que pudieron saltarse la orden de alejamiento sin que los trabajadores avisarán a la policía de lo que pasaba, tal como establece el protocolo. Sólo se limitaban a avisar telefónicamente a los maltratadores de que estaban quebrantando la orden.
Eso también forma parte de su trabajo. Esas conversaciones se graban y son las que ha escuchado la Fiscalía.
La alerta la dió una compañera de trabajo. Dicen desde la Comunidad de Madrid, que nunca desde que están activos los brazaletes, hace casi tres años, ha habido ningún problema. Han pedido un informe a la empresa de control de seguridad que lleva el servicio.
La empresa prefiere no dar por ahora ninguna explicación cómo por ejemplo qué tipo de formación o requisitos se les pide a las personas que controlan este servicio o si siguen contratados.