La vicepresidenta primera del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, ha transmitido a los sindicatos la voluntad del Gobierno de mantener el poder adquisitivo de los funcionarios, por lo que no se congelarán los salarios, tal y como pedían los defensores de los trabajadores.
Los sindicatos mayoritarios de la Función Pública, UGT, CCOO y CSIF, han anunciado que el Gobierno se ha comprometido a mantener el poder adquisitivo de los funcionarios y que no tiene intención de congelar los salarios de los empleados públicos.
Así lo han anunciado los dirigentes de Servicios Públicos y de la Ciudadanía de UGT y CCOO, Julio Lacuerda y Enrique Fossoul, respectivamente, y el presidente del sindicato CSIF, Domingo Fernández, tras la reunión que han mantenido con la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y que consideraron positivamente.
Según ha explicado Lacuerda el Gobierno "no ha dicho por dónde pueden ir los tiros" pero sí ha anunciado que "no tiene la menor intención de que los empleados públicos pierdan poder adquisitivo en los próximos tres períodos presupuestarios".
"Contención salarial"
No obstante, ha indicado que la vicepresidenta primera sí les ha reclamado "contención salarial".
Asimismo, los tres dirigentes sindicales han insistido en que en esta reunión "no se ha discutido" la oferta de los sindicatos en torno a la subida del 1% del salario de los funcionarios para 2010 e incrementos según el Índice de Precios al Consumo (IPC) en los dos años siguientes.
En los próximos días el Gobierno estudiará detenidamente la propuesta unitaria de UGT y CCOO y la planteada por CSI-CSIF, "que es muy similar".
"Hay discrepancias, pero no hemos hecho más que empezar y existe voluntad por parte de todos, y voluntad decidida del Gobierno, para llegar a un acuerdo para esta legislatura", ha aseverado.
Al respecto, Lacuerda ha anunciado que el viernes por la mañana empezarán las reuniones técnicas para alcanzar antes del 25 de septiembre, fecha en la que debe estar concluido el anteproyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado, un acuerdo en el cual se debe reflejar la evolución salarial de los empleados públicos para los próximos tres años.