El Tribunal Supremo ha ordenado en un auto hecho público este jueves la disolución de los grupos municipales de la ilegalizada ANV, así como de los grupos forales en la Diputación Foral de Álava. Además, dejarán de entregarse cantidades en cualquier concepto a dichos grupos y los concejales de la formación ilegalizada pasarán a ser miembros no adscritos en sus respectivas corporaciones.
La Sala 61 del Tribunal Supremo -competente en los procesos de ilegalización del PCTV y ANV-, ha acordado la disolución en 125 ayuntamientos, así como el grupo de este partido en las Juntas Generales de Alava, en ejecución de la sentencia que ilegalización la citada formación política en septiembre de 2008.
El auto acuerda dirigir un mandamiento al presidente de las Juntas Generales de Alava y a los alcaldes de los distintos ayuntamientos afectados "para que, en su caso, cesen en el abono de toda cantidad que vinieran percibiendo dichos grupos".
La pretensión sobre PCTV, "carente de objeto"
Respecto del grupo del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) en el Parlamento de Vitoria, la pretensión en el mismo sentido se declara "carente de objeto" pues dicho grupo ya no existe desde que quedó disuelto el propio Parlamento Vasco el pasado 9 de enero.
Respecto a la petición del abogado del Estado para que se retuvieran las subvenciones que recibía esta formación ilegalizada del Parlamento Vasco, el TS determina que debe ser la Cámara de Vitoria la que decida el destino que se da a esas cantidades, sin que en ningún caso pueda financiar al PCTV.
Ambas resoluciones han sido notificadas hoy, pero tienen fecha de 16 de julio, que es cuando se reunió la citada Sala del 61 para deliberar sobre esta cuestión, que se encontraba pendiente desde el pasado mes de diciembre.
Fue en diciembre cuando la Sala especial dio por iniciado el trámite de ejecución de las sentencias de ilegalización de PCTV y ANV y dio un plazo a los ayuntamientos a las juntas de Alava para que alegaran lo que consideraran oportuno respecto a la petición de disolución formulada por la Fiscalía y por la Abogacía General del Estado.