El Gobierno ha pedido que el Tribunal Constitucional confirme la anulación de la lista a las elecciones europeas de Iniciativa Internacionalista al estimar que su rechazo "genérico" de la violencia no es relevante y que sigue sin hacer una "particular y concreta condena de la actividad terrorista de ETA".
"El asunto de la condena del terrorismo no puede salvarse con genéricos y abstractos rechazos a la violencia sino con la particular y concreta condena de la actividad terrorista de ETA", señalan los servicios jurídicos del Estado en el escrito de alegaciones al recurso de amparo que Iniciativa Internacionalista (II) presentó el pasado lunes ante el Constitucional.
En ese recurso, la candidatura afirma que su objetivo es conseguir "un profundo cambio" político, social y cultural, "pero por supuesto única y exclusivamente a través de formas políticas y sociales, a través de la convicción y de la movilización. Excluyendo, por tanto, en el ejercicio de sus actividades políticas cualquier práctica de violencia o terrorismo".
Para la Abogacía del Estado, esa frase no supone una "concreta desvinculación del terrorismo nacionalista vasco", que considera "imperiosa en el presente caso" dado que el número uno de la lista de II, el dramaturgo Alfonso Sastre, "publicó en 2003 un artículo intitulado 'Por qué Batasuna no debe condenar la violencia de ETA'".
Concluye la representación del Gobierno que II "no efectuó una condena del terrorismo de ETA en sus alegaciones ante el Tribunal Supremo -pese a ser plenamente consciente de su valor contraindiciario- y, contra lo que se ha difundido en la prensa, sigue sin hacerla en su demanda de amparo" ante el Constitucional.
Condena ambigüa y poco relevante
Según la Abogacía, II se limita a remitirse en su recurso al manifiesto que la candidatura hizo público el pasado 17 de abril, a una declaración "de hace más de seis años" de Corriente Roja -la formación a la que pertenece la número cinco de la lista, Ángeles Maestro- y a la declaración que su candidato número 22, Luis Ocampo realizó cuando ETA asesinó Isaías Carrasco en marzo de 2008.
"Nada de todo ello es relevante", dice la Abogacía, que añade que no es Corriente Roja, sino II, quien pretende concurrir a los comicios europeos, y destaca la "ambigüedad" de la condena de Ocampo al atentado contra Carrasco, ya que aunque mostró su "enérgica repulsa" por el asesinato, insistió en que "la represión no es la vía de solución en el País Vasco".
Sobre el manifiesto de II, dice que está "redactado en un lenguaje violento, del que está ausente la condena clara del terrorismo etarra" y que emplea "un lenguaje no muy compatible con el amor por la paz y la palabra y con la repulsa del terrorismo", ya que habla que "los diversos pueblos oprimidos por el Estado español" y expresa su apoyo a "las luchas" de todos ellos.
"Frente a un Estado que oprime naciones varias y es cárcel de pueblos y gentes, ¿qué puede significar apoyo de la 'lucha' de cualquier pueblo 'por su libertad y dignidad'?", se pregunta el Gobierno.
También rechaza la Abogacía el argumento de que los partidos coaligados en II, Izquierda Castellana y Comuner@s, participaran en elecciones anteriores sin que sus candidatos hicieran declaración de condena alguna de la violencia, ya que "lo que aquí se dilucida no es la pasada actividad política" de estas formaciones, sino si la candidatura anulada pretende suceder o no a HB-EH-Batasuna.