El decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, ha pedido este domingo medidas para que se respete el secreto del sumario en el caso de Marta del Castillo tras lamentar que "estemos asistiendo a la retransmisión en directo de una investigación policial e instrucción judicial".
"En un asunto tan dramático, delicado y sensible como éste", ha dicho Gallardo, la situación generada supone una "manifiesta y continuada vulneración de la legalidad procesal que deteriora la imagen de la justicia".
El decano del Colegio de Abogados ha advertido, además, de que ello puede "dificultar la propia investigación y el esclarecimiento de los hechos", a la vez que "incrementa el inmenso dolor de unos padres con los que todos estamos solidarizados y afecta también injustamente a los derechos de los imputados y detenidos".
Gallardo ha recordado que las investigaciones sumariales "son siempre secretas hasta que se abre el juicio oral, aunque no lo sean para las partes personadas como actualmente sucede en este caso" y, ello, hasta el punto de que quienes revelan indebidamente el secreto del sumario "incurren en delito si son funcionarios públicos o en corrección de multa si no lo son".
El decano de los abogados sevillanos considera "lamentable e impropio de un Estado de derecho" que desde el principio se estén filtrando las actuaciones policiales y judiciales bajo el pretexto del interés informativo, "cuando el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz se puede satisfacer -en lo esencial- sin transmitir declaraciones obtenidas de fuentes ilícitas".
En concreto, se ha referido a todas aquellas fuentes que "desde el anonimato desvelan indebidamente el secreto de la instrucción judicial".
Gallardo cree que el Juzgado que instruye las diligencias por la desaparición de Marta del Castillo debe adoptar medidas tendentes a evitar que se continúen filtrando esas actuaciones policiales y judiciales "que son secretas por definición legal y que en este caso están propiciando una auténtica instrucción paralela ante la opinión pública, 'on line' con la instrucción judicial".
A su juicio, hay que evitarlo "a toda costa por higiene cívica y por respeto a los más elementales principios rectores del estado de derecho".