El senador por Iowa, el republicano Charles Grassley, ha sugerido que los ejecutivos responsables del colapso de la aseguradora AIG deberían dimitir o suicidarse. "Creo que tendrían que despedirlos, obviamente, pero antes, deberían seguir el ejemplo japonés, comparecer ante el pueblo norteamericano, hacer una profunda reverencia y decir lo siento. Y luego, una de estas dos cosas: dimitir o suicidarse".
No es la primera vez que Grassley arremete contra los excesos de Wall Street. Ya había pedido reiteradamente que ofrecieran públicas disculpas, pero nunca había ido tan lejos como en la entrevista que concedió el lunes a la cadena de radio WMT. Porque el broche final de sus comentarios es inequívoco: "los japoneses, habitualmente, se suicidan antes que pedir disculpas". El portavoz de Grassley ha tenido que salir al quite y matizar las palabras del senador, negando que quiera que los ejecutivos se quiten la vida.
El suicidio ritual, el seppuku, está recogido en el código del samurai, el bushido. Esta disciplina gira en torno al honor y se considera el suicidio como una salida aceptable cuando el guerrero ve comprometido su prestigio. Sin embargo, la realidad actual es bien diferente. Los ejecutivos japoneses suelen asumir la responsabilidad de los escándalos en sus empresas pidiendo disculpas públicas y dimitiendo. A estas alturas, es raro que se quiten la vida.
Las soluciones menos sangrientas también son difíciles
El desahogo de Grassley sólo es una voz en el coro que pide la cabeza de los ejecutivos de AIG. El escándalo de los 165 millones de dólares en primas que han recibido o van a recibir a cuenta del dinero del contribuyente, obligó el lunes a Obama a pedir a su secretario del Tesoro a que buscara todas las vías legales para bloquear estos sobresueldos.
Sin embargo, nadie de la administración ha sido capaz de explicar cómo pueden hacerlo. El secretario de Comunicación, Robert Gibbs, sólo amplió la sugerencia del Presidente: utilizar los 30.000 millones del último rescate para presionar a la dirección de la compañía. No es tan fácil. El dinero es necesario para evitar que el colapso de AIG se traslade al resto del sistema financiero, lo que desactiva la amenaza. Y en última instancia, las primas están estipuladas en contratos legales. Lo último que necesita Obama para salir de la crisis es sugerir que se va a conculcar la ley.
Más práctica es la presión que ejerce el fiscal general de Nueva York, Andrew M. Cuomo, que ha requerido a AIG la lista de beneficiarios y quiénes negociaron los contratos. Es tan efectiva como el escarnio público y puede servir de incentivo para que los ejecutivos renuncien a las primas.
Ni siquiera está clara la opción del despido que propuso el presidente del comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Barney Frank. El despido por conducta irresponsable y perjuicios a la empresa es perfectamente legal. El problema es que los ejecutivos podrían irse a la competencia y utilizar la información privilegiada para jugar en contra de AIG y en definitiva, en perjuicio del contribuyente, que posee ya casi el 80% de la aseguradora.